En la sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia declara que España ha incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo al Derecho comunitario al no haber retirado determinadas condiciones impuestas por las resoluciones de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y del Ministerio de Industria, declaradas incompatibles con el Derecho comunitario.

La denuncia contra el Gobierno español fue presentada por la Comisión Europea, quien considera que España atentó contra el derecho comunitario en materia de competencia en la opa de Endesa, favoreciendo la oferta de la italiana Enel y la constructora Acciona frente a la de la alemana E.On, a pesar de que "la Comisión determinó, en abril de 2006, que esta posibilidad no impedía de modo significativo la competencia".

Tampoco está de acuerdo con algunas condiciones marcadas por el Ministerio de Industria a la italiana Enel, empresa participada por el Estado de Italia, como que el centro de decisiones de Endesa se ubique en España y que el carbón para la producción de energía sea de producción nacional.

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