Un portavoz del departamento, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), señaló que este mes podrían recibir las notificaciones de desestimación en relación con los casos de las marismas de Santoña (Santander) y la legislación sobre envases para alimentos líquidos.

Los demandantes acusaban a las autoridades españolas de no actua ante lo que ellos consideraban emisiones incontroladas de hexaclorociclohexano (HCH) por parte de la factoría de Inquinosa, en Sabiñanigo (Huesca), de no crear un marco jurídico apropiado sobre envases para alimentos líquidos y de no conservar adecuadamente las marismas de Santoña.

Sin embargo, el MOPT mantiene que "la demanda por el asunto de Inquinosa fue desestimada antes del verano. La Comisión de Medio Ambiente retiró la denuncia porque no había argumentos para mantenerla, ya que se ha comprobad que no existía tal contaminación".

"En cuanto a la de Santoña y la de envases", agregaron las mismas fuentes, "esperamos que a lo largo de este mes llegue la comunicación oficial de que son levantadas las dos denuncias".

"CARECEN DE SENTIDO"

El ministerio dirigido por José Borrell alega que la creación de la figura de protección preventiva en las marismas de Santoña y la promulgación del Real Decreto 319/91 de 8 de marzo sobre producción, comercialización, empleo, reciclado y rellenado de los nvases para alimentos líquidos, hacen que las demandas carezcan de sentido.

Según la Secretaría General de Medio Ambiente, todavía no han recibido la notificación de desestimación "por razones burocráticas. Pero a final de mes, seguramente, tendremos comunicación de ello".

España e Italia son los dos países comunitarios que más infringen la normativa de la CE sobre medio ambiente, según revelan los datos facilitados por la Comisión de las Comunidades Europeas.

Además de las demandas que han legado al Tribunal de Luxemburgo, los dos Estados mediterráneos cuentan, cada uno, con siete dictámenes motivados, es decir, "la Comisión de Medio Ambiente ha encontrado siete casos en los que nuestro país está infringiendo la legislación comunitaria", según explicó a esta agencia un portavoz de la Oficina de Información de la Comisión de las Comunidades Europeas en España.