La queja ante la Unión Europea se produjo al observar en repetidos casos que la Directiva de impacto ambiental no se había transpuesto correctamente a la legislación española.

La sentencia estima que, al transponerse la citada Directiva, no se obligó a publicar la autorización de los proyectos ambientales, su contenido, las razones por las que se aprobaba y las medidas correctoras y compensatorias que lo acompañan.

Según las autoridades europeas, estas carencias impedían a los ciudadanos españoles manifestar su opinión, comprobar el cumplimiento de las condiciones de estos proyectos o reclamar contra los mismos, generando "indefensión".

Sin embargo, WWF/Adena valora en un comunicado el cambio de actitud de las autoridades españolas, que quieren corregir estos errores en el "Proyecto de Ley sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente", actualmente en trámite parlamentario.

Desde esta organización se califica la decisión del tribunal europeo de "un triunfo para los defensores del medio ambiente".