La máxima instancia judicial de la Unión Europea rechazó así la denuncia planteada por un grupo de diputados del "land" germano, que consideraban que la ley ahora convalidada vulneraba el rincipio de igualdad de sexos.

El Tribunal de Luxemburgo estima que las medidas de discriminación positiva en favor de las mujeres adoptadas por las administraciones públicas no conculcan la directiva europea relativa a la igualdad de sexos, siempre que no excluyan una valoración objetiva de las candidaturas en competencia.

Según esta citada ley del Estado de Hesse, las unidades administrativas están obligadas a promover la equiparación entre hombres y mujeres en la función pública, así como la spresión de la infrarrepresentación de las féminas y de la discriminación por razón de sexo o de la situación familiar, mediante planes de promoción de la mujer.

Además, en las profesiones en las que la mujer están subrrepresentadas, se le reservaba al menos la mitad de las plazas de formación profesional.