En sus conclusiones provisionales, el Ministerio Fiscal solicita un total de 81 años de prisión para el grupo de acusados que forman, entre otros, Juan Bejarano, teniente jubilado del Ejército de Tierra; Carlos Torres, agente de Bolsa; Joaquín Alfaro, funcionario del Departamento de Valores del banco de España, y Fernando Martínez Gasca, como autor de la falsificación de la forma del ministro.

Asímismo, el fiscal del caso solicita que los acusados indemncen con 231 millones de pesetas a la Junta Sindical del Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa.

Al parecer, toda la operación se inició con la adquisición por parte del citado funcionario del Banco de España de más de 400 láminas de Bonos del Estado, valoradas en 750 millones de pesetas, y correspondientes a la emisión del 15 de abril de 1984.

Estos Bonos, que eran propiedad del Patronato Militar de la Seguridad Social, requerían para ser vendidos de la participación de un agente de Bolsa, que intera el grupo de acusados. Con el propósito de que la operación presentara todos los extremos posibles de legalidad, los acusados procedieron a falsificar distintos documentos del Ministerio de Defensa, uno de los cuales requería de la firma del entonces ministro.