Las ayudas que el Gobierno español actualmente concede a estas empresas, y que el tribunal europeo considera "ilegales", son créditos fiscales del 45% para inversiones, así como una exención parcial del pago del impuesto de sociedades a las empresas de nueva creación.

Por su parte, la ayuda para las empresas de reciente creación consistía en una reducción de hasta el 99% de su base imponible positiva en cuatro períodos impositivos consecutivos.

La sentencia dictada hoy explica que se ha constatado que España "ha incumplido las obligaciones" al no haber adoptado dentro del plazo fijado todas las medidas necesarias para cumplir lo dispuesto.

El tribunal exigía a España recuperar las ayudas anteriores a las que están en vigor actualmente, con el objetivo de equiparar en derechos a todas las empresas.