En la sentencia dictada por la Sala de o Contencioso Administrativo, el TSJPV recoge que la simple denuncia de los agentes de la OTA no "otorga virtualidad suficiente a la ratificación de las denuncias".

El tribunal, que basa su fallo en una sentencia anterior del Supremo, considera que las denuncias de estos agentes de la OTA equivalen a las que pueda realizar cualquier ciudadano, por lo que anula las sanciones impuestas por el alcalde de Bilbao.

Los dos decretos sancionadores llevan fecha de abril y mayo de 1992 y condenaban a la emresa al pago de la multas. La sentencia ahora dictada anula estas sanciones y contra esta decisión no cabe presentar recurso.