El representante gubernamental en Andalucía criticó esa medida que últimamente decidieron adoptar algunos ayuntamientos, incluido el de Madrid, cuyo alcalde firmó un bando que penaliza el consumo público de drogas, por considerarla "oportunita y contradictoria".

Alfonso Garrido precisó que "todo esto es una cuestión de oportunismo político del PP, aunque ello sea legal y lícito".

El delegado del Ejecutivo en esta región señaló que en el PP existe contradicción, ya que, "por una parte, están haciendo una enmienda a la totalidad de la Ley de Seguridad y Protección Ciudadana y, por otra, están tomando en los municipios que gobiernan medidas como ésta".

En opinión de Garrido, "esta contradicción se debe a un problema de disfunción nterna dentro del PP".

Por su parte, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero, apoyó la prohibición del consumo público de drogas como medida preventiva.

Portero sostiene que "sancionando al que consume drogas en público, se le puede motivar para que lo haga de forma privada y no incite a los demás".

El fiscal del alto tribunal andaluz y el delegado del Gobierno en Andalucía coincidieron, sin embargo, en rechazar los movimientos vecinales y de ciudadanos qu se toman la justicia por su mano en la lucha contra la droga, y les recomendaron que colaboren con la policía.