Este tribunal forma parte de la campaña "¿Quién debe a quién?", iniciada en la pasada primavera y respaldada por alrededor de 50 entidades, entre ecologistas (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción), de antiglobalización (ATTAC), de inmigrantes (Derechos para Todos), partidos políticos (IU-Madrid) y la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa, entre otras.

El tribunal, compuesto por los "jueces" Félix Pantoja, vocal del Consejo General del Poder Judicial; Carlos Berzosa, rector de la Universidad Complutense de Madrid; Itziar Ruiz, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, y la chilena Juana Calfunao, de la Comisión Etica contra la Impunidad y Red de Defensores Comunitarios, leyó hoy su veredicto en una plaza próxima al Museo Reina Sofía, en Madrid.

Antes, ayer y anteayer se produjeron deliberaciones con exposiciones de testigos y peritos, con el fin enjuiciar la responsabilidad del Gobierno español, las empresas transnacionales españolas y las instituciones financieras internacionales en relación con los daños causados por la llamada deuda externa en los países del sur.

La "sentencia" declara probado que los países del norte tienen contraída con los del sur una deuda económica, histórica, ecológica, social, política y cultural.

Con respecto al Gobierno español, la "sentencia" considera que ha apoyado "regímenes criminales, dictatoriales y autoritarios cuando está obligado por el derecho internacional a respetar y hacer respetar los derechos humanos".

Además, el tribunal afirma que el Ejecutivo de Zapatero pone "serias trabajas a la libre circulación de los trabajadores inmigrantes" y apoya a empresas españolas transnacionales que realizan actividades con "impactos ambientales, económicos y sociales muy negativos en los países destinatarios de la invesrtión extranjera directa". Y constata que, "de llevarse a cabo la cancelación de la deuda externa del Gobierno español al ritmo establecido actualmente, el 4%, necesitaríamos 25 años para alcanzar la cancelación total".

"CONDENA"

Por todo ello, condena a los "acusados" a ejecutar las políticas necesarias para abolir la deuda externa; a instalar una moratoria, sin acumulación de intereses, en el cobro de la deuda de los 82 países con respecto a España, y a abolir de forma inmediata e incondicional todas las deudas impagables e ilegítimas.

Asimismo, emplaza a los "condenados" a reconocer la deuda ecológica adquirida con los países empobrecidos y establecer, en los ámbitos que proceda, reparaciones y responsabilidades judiciales, civiles o penales, por la generación de deudas ecológicas, sociales y políticas.

Otras peticiones del tribunal son la eliminación de los créditos FAD (Fondo de Ayuda al Desarrollo) como instrumento de Ayuda Oficial al Desarrollo y ejecutar políticas efectivas para la prohibición del comercio armamentístico, así como la reducción radical del gasto público militar.

La sentencia también "condena" a los "acusados" a promover en el ámbito internacional el no reconocimiento de la deuda externa multilateral y de la privada; proceder al desmantelamiento de instituciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio, y "replantear completamente el concepto de deuda externa para que los países mal llamados deudores sean considerados acreedores y los países generadores de deuda ecológica, social y política, como el Estado español, sean considerados deudores".

El "jurado popular", formado, entre otros, por Rosa Regás, escritora y directora de la Biblioteca Nacional; Javier Ortiz, periodista, y Carlos Taibo, profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, ha acordado por unanimidad que los acusados son culpables de todos los delitos imputados.

La campaña "¿Quién debe a quién?" tiene previstas más acciones, como posibles acampadas, una reunión con Zapatero y acudir a la reunión de la Organización Mundial del Comercio que se celebrará en diciembre en Hong-Kong.