La vista fue suspendida temporalmente por la mañana por el tribunal de la Sección Novena de la Audiencia de Barcelona después de la petición de los defensores.

El presidente del tribunal, Gerard Thomas, rechazó la petición al considerar que no se conculcó ninguna ley por el hecho de que en el reparto de asuntos judiciales el caso fuese a parar al juez Luis Pascual Estevill, que en los últimos años ha instruído la mayoría de escándalos financieros ás importantes de Cataluña.

La Sala también rechazó la nulidad propuesta por las sucesivas prórrogas del secreto del sumario dictado en su día por el juez, al justificar que "no causaron indefensión para los procesados".

Tras reemprenderse el juicio, fue interrogado un ex directivo del Banco de Santander, que afirmó haber visto fotocopias de un DNI falso utilizado por uno de los inculpados.

El fiscal pide para Bertrán de Caralt 10 años de prisión por un delito continuado de falsedad en documnto mercantil y tres delitos contra Hacienda. Asimismo, solicita que abone multas por un valor de 1.050 millones y que pague a Hacienda otros 525 en concepto de responsabilidad civil.

Según el informe fiscal, Bertrán y otras tres personas de su confianza (Timoteo Ramírez, Manuel Ribas y Jaime Parera) idearon un sistema para ocultar a Hacienda las inversiones del empresario, eludiendo el pago de impuestos.

Con esta finalidad, abrieron cuentas a nombre de titulares ficticios con los que operaban paa realizar inversiones en letras del Tesoro y otros activos financieros.

Las investigaciones del caso comenzaron en 1988, cuando un pescador andaluz denunció que se le había ingresado una cantidad importante de dinero en concepto de intereses por unas letras del Tesoro que no había adquirido.