La Comisión considera incumplido el artículo 3, párrafo primero, de la Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente dentro de los plazos fijados por la directiva. España rechaza el incumplimiento que se le reprocha y alega que aún no ha expirado el plazo señalado a los Estados miembros para llevar a cabo esta adaptación de derecho interno a la directiva.

En concreto, la directiva en cuestión disponía que los Estados miembros deberían designar a las autoridades competentes y a los organismos encargados de la evaluación de la calidad en el aire ambiente, de la autorización de los dispositivos de medición (métodos, aparatos, redes y laboratorios), de asegurar la calidad de la medición efectuada por los dispositivos de medición, de analizar los métodos de evaluación y de coordinar en su respectivo territorio los programas omunitarios de garantía de calidad organizados por la Comisión.

España mantiene que el plazo de adaptación aún no ha llegado a término. Además, alega que sí ha dado cumplimiento a las obligaciones del artículo 3 y precisa que en España, el Estado y las comunidades autónomas tienen competencias compartidas en materia de medio ambiente. Por ello, en virtud de la legislación nacional vigente, las comunidades autónomas son las que tienen facultades en materia de organización, régimen y funcionamiento de ss instituciones de autogobierno.

En este sentido, España considera que ha cumplido la directiva, puesto que las comunidades autónomas han procedido a realizar las designaciones necesarias, y a este efecto ha aportado un cuadro que recoge las normas aprobadas por cada una de las comunidades autónomas en la materia.