Petitbó explicó posteriormente a los medios de comunicación que se está avanzando "sustancialmente" en esta dirección, puesto que el primer borrador del proyecto de Ley de Defensa de la Competencia sólo admitía esta posibilidad en caso de que el ministro de Economía y Hacienda pidiera específicamente un informe.

Con el nuevo proyecto, el Tribunal puede actuar de oficio e informar sobre el impacto de las ayudas públicas. En su opinión, otro aspecto que debe quedar claro en la nueva normativa es la facltad de este organismo de realizar realizar informes y que no se dedique sólo a la resolución de expedientes.

Aunque el Servicio de Defensa de la Competencia puede elaborar estos informes, Petitbó matizó que ambos organismos pueden hacerlo sin monopolizar esta competencia, puesto que es fundamental que el Tribunal pueda actuar autónomamente e informar sobre los "paraguas protectores" de los que disponen determinados sectores y que dificultan la libre concurrencia.

El presidente del Tribunal preció, no obstante, que el proyecto de ley es globalmente positivo, aunque son necesarios "algunos retoques", según sus palabras.

A su juicio, no está justificado el establecimiento del pago de tasas por análisis y estudios de operaciones empresariales y de su impacto en la libre competencia. Según Petitbó, lo más apropiado sería realizar el desembolso si estas actuaciones se hacen a petición de una parte interesada, pero no si se inician de oficio.

Amadeo Petitbó hizo un balance positivo de los diezaños que lleva en vigor la normativa sobre protección de la competencia, que ahora se pretende reformar, aunque dijo que hay sectores pendientes de mejoras sustanciales.

Entre éstos citó el suelo, la energía, las farmacias, la distribución minorista, las telecomunicaciones, los servicios funerarios, la distribución de libros y el gas. Precisó, no obstante, que se están dando los pasos adecuados para liberalizar estos sectores.

MENOS INDEPENDENCIA

Por su parte, la portavoz del PSOE, Mercedes Aro, aseguró que la independencia del Tribunal retrocede con este proyecto de ley, puesto que el Servicio de Defensa de la Competencia (que depende directamente del Ministerio de Economía y Hacienda) queda como el máximo órgano de decisión en esta materia.

De esta forma, el resultado es un sistema "subordinado y controlado por el Gobierno", que puede encauzar los procesos de liberalización de los mercados de forma que se garanticen "privilegios futuros", según sus palabras.