"Se ha procesido a estudiar y analizar", dice el tribunal en una nota de prensa, "en relación con el PSOE y con las empresas suministradoras de bienes y servicios que operan con el mismo, la documentación e información que ha considerado conveniente".

El PSOE tiene ahora un mes de plazo para formular las alegaciones portunas. Una vez cumplido el trámite, el Tribunal estudiará las alegaciones y elaborará el informe definitivo, que será remitido a la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas.

Esta comisión fue la que encargó la investigación sobre las cuentas del PSOE el 18 de junio de 1991, meses después de estallar el escándalo sobre la supuesta financiación irregular del PSOE a través las dos firmas de intermediación, que cobraban comisiones por realizar estudios técnicos que unca llegaron a su destino o que carecían de utilidad.

El caso saltó a la luz pública cuando el administrador de las empresas, el chileno Carlos Van Schouwen, denunció a sus empleadores ante la magistratura laboral por impago de una deuda: 25 millones de pesetas comprometidos por un trabajo para el BBV sobre "viabilidad y puesta en marcha de la exportación, compra y venta de contenedores y las actividades derivadas de ello".

Antes, Van Schouwen ya había roto todas sus relaciones con los propietaros, no sin antes recoger sus pertenencias del domicilio social de las firmas, en Barcelona, y fotocopiar "papeles".

LA TRAMA

En esos "papeles", que luego distribuyó a los medios de comunicación, aparece el organigrama del grupo: Time Export es patrimonio de Filesa y ésta, a su vez, de Malesa, que es propiedad en un 60 por ciento de Alberto Flores, hermano de la responsable de Relaciones Internacionales en la Ejecutiva del PSOE, Elena Flores, y en un 40 por ciento de Luis Oliveró.

Además, el chieno dirigió su demanda laboral contra el supuesto gerente del grupo (el juez de lo laboral barcelonés sentenció después que esto no está probado), Carlos Navarro, quien también era entonces responsable de finanzas del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes y sobrino político de Luis Oliveró.

Día tras día, los medios de comunicación publicaron actividades de las dos firmas intermediarias, como el informe que realizó un mes antes de las elecciones legislativas de 1989 para la constructora de camioes y autobuses Enasa, bajo el título "Trabajo relativo al sector industrial en la CE".

El informe costó a la empresa del INI 35,8 millones de pesetas y quedó guardado en un cajón, según declararon fuentes de la entidad, puesto que ya estaba decidida la venta de Enasa a Fiat.

El estudio que encargó el BBV y que está en el origen de la denuncia de Van Schouwen costó al primer banco del país 84 millones; otro similar, bajo el título "Estudios sobre los procesos de fusión bancaria", le costó al BancoCentral 83 millones de pesetas. CEPSA pagó a Filesa 244 millones por un estudio sobre "La evolución petroquímica en la CE" y FOCSA, la construtora de las hermanas Koplowitz, 48 millones por "Asesoramiento relativo al establecimiento de una empresa constructora en Francia".

DEPOSITOS EN SUIZA

Todos los partidos de oposición creyeron hace cinco meses haber descubierto una veta de financiación ilegal del PSOE, y extendieron su dedo acusador al que aparece como "cerebro", Carlos Navarro, quien había reaizado varios viajes a Suiza en compañía de su tío, Luis Oliveró.

En aquel país, según se descubrió después, Filesa y Time Export mantuvieron en 1988 y 1989 varios depósitos en compañías fiduciarias, por valor de 550 millones de pesetas.

Con todos estos datos, recogidos en los "papeles" que fotocopió Van Schoewen, la oposición en las Cortes solicitó una comisión de investigación en el Parlamento, algo que el PSOE no aceptó. No obstante, la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el ribunal de Cuentas pidió la investigación ahora concluida provisionalmente.

Además, el fiscal general del Estado, por orden del Gobierno, recopiló información y se la envió al Tribunal de Cuentas, mientras que el PSOE abrió una investigación interna.

Esta concluyó con la dimisión de Carlos Navarro como responsable de finanzas del Grupo Socialista en las Cortes y con el cese "a petición propia", según el partido, del responsable de finanzas de la Ejecutiva del PSOE, Guillermo Galeote. Ambos dejaro sus cargos en la misma sesión de la Ejecutiva en que se leyó la investigación interna.

Mientras tanto, la cúpula del Gobierno y del PSOE se esforzó en desvincular a Felipe González de la trama y se descargaron responsabilidades en el responsable de finanzas de la Ejecutiva del PSOE, Guillermo Galeote, quien cesó "a petición propia", según el partido, el mismo día en que se leyeron las conclusiones de la investigación interna.