El informe del Tribunal de Cuentas, aprobado el pasado 29 de mayo, fue realizado a instancias del Congreso y el Senado. Los expedintes examinados hasta esa fecha son los correspondientes a los ejercicios comprendidos entre 1985 y 1988.

Los de saldo deudor tenían un importe total de 55.996 millones de pesetas, de los que presentaban algún tipo de irregularidad 52.486 millones. Los de saldo acreedor ascendían a 34.150 millones, con irregularidades detectadas en 24.481 millones.

Las irregularidades contables comprenden al Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Insalud, el Inserso y la Tesorería General de la Seguridad Scial.

Según el informe, afectan "en unos casos a la procedencia del planteamiento del expediente por parte de la entidad correspondiente, en otros al contenido del mismo en sus diferentes aspectos y en otros supuestos al procedimiento de regularización aplicable una vez aprobados por la Comisión".

Las irregularidades incluyen operaciones de capital no incorporadas a la contabilidad patrimonial, expedientes sin documentar en los que se alegan "catástrofes naturales" u otros motivos ajenos a las enidades gestoras, y otros en los que se efectuaron gastos sin la adecuada cobertura presupuestaria.

Entre esta última clase de irregularidades, el Tribunal de Cuentas destaca un expediente del Insalud, por un importe de 29.356 millones de pesetas, en gastos realizados "al margen de la disciplina presupuestaria".

El tribunal llama también la atención sobre sendos expedientes de 15.374 y 4.000 millones de pesetas, tramitados en 1988 por la Tesorería General de la Seguridad Social, para ingresar en e Banco de España las liquidaciones de seguros sociales suscritos por organismos oficiales.

Estos expedientes "no están adecuadamente documentados y sólo incluyen comunicaciones de ingreso del Banco de España en menos del 10 por ciento de los saldos sometidos a depuración", además de otras irregularidades adicionales.

Entre estas últimas, el tribunal resalta la existencia de "intereses bancarios negativos cargados por las entidades financieras, de los que procedería un estudio detallado de las cirunstancias que han dado lugar a estos supuestos".

CRITICAS Y RECOMENDACIONES

En sus conclusiones, el Tribunal de Cuentas formula varias críticas a la Comisión para el Estudio de los Balances de la Seguridad Social y le recomienda que promueva la elaboración de "inventarios reales" de las masas patrimoniales todavía sin documentar.

Critica asimismo la lentitud de sus trabajos, al señalar que el importe total de los expedientes aprobados por la Comisión, aún incluyendo los rechazados por el Tribual de Cuentas, "no es significativo respecto del volumen de saldos incorrectos o pendientes de análisis que figuran en la contabilidad de la Seguridad Social".

Señala asimismo que "de la documentación recibida en el tribunal -incluida la del ejercicio de 1989- se deduce que la Comisión no ha realizado actuación alguna en relación con la corrección de los problemas que ha planteado el reflejo contable de las transferencias de funciones y servicios a las Comunidades Autónomas".

Por su parte, la Comsión, en las alegaciones presentadas al Tribunal de Cuentas, afirma que "la permanencia de imprecisiones registrales tiene su origen en ejercicios alejados del presente, en los que se dieron circunstancias políticas y administrativas de extraordinaria dimensión, lo que resulta, simultáneamente, justificación y atenuante".

En cuanto a la regulación de las operaciones contables resultantes del traspaso de funciones a las comunidades autónomas, la Comisión asegura que "se ha acometido de forma decidida e los últimos ejercicios, quedando prácticamente concluido el proceso en el cierre del ejercicio de 1990".