El tribunal asegura que ha hallado "significativas demoras en la contabilización de hechos de reevancia económico-financiera y patrimonial", entre las que cita varias deudas de la antigua Alianza Popular, por valor de 98,5 millones de pesetas, que desde 1986 no habían sido regularizadas.

También ha advertido la existencia de errores en el apartado de anticipos al personal, al que "se incorporan incorrectamente los importes de las indemnizaciones por despido", así como las deudas de la Fundación Cánovas del Castillo, que, si bien son regularizadas al final del ejercicio, "distorsionan la informacón contable permanente".

Sobre el endeudamiento, las conclusiones del informe constatan que el PP no incorporó a su contabilidad en concreto 9 operaciones, por un total de 211 millones de pesetas, no recogidas en el balance de situación presentado. Los populares aducen en sus alegaciones que seis de esas operaciones, por importe de 185 millones, se incorporaron ya, en 1993, en la contabilidad de la organización regional de Galicia.

De acuerdo con la fiscalización, la deuda pendiente de la tesorera nacional del partido está materializada al final de 1990 en 19 préstamos y 23 créditos, "de los que ocho y nueve respectivamente, por un total de 2.591 millones, se encuentran vencidos, sin que conste documentalmente que dicha deuda se haya renovado o que sus condiciones se hayan renegociado".

El importe de bancos está integrado por los saldos de 30 cuentas abiertas en distintas entidades de crédito. En una de estas cuentas, el máximo órgano fiscalizador del Estado ha observado "una discrepancia no ustificada entre los datos del balance de situación y los del libro mayor".

EXCESIVOS DONATIVOS

En la partida de gastos, el informe subraya que "en la justificación de numerosas partidas de gastos en los conceptos de dietas y kilometraje y gastos de viaje-locomoción, se ha presentado documentación acreditativa insuficiente".

De las verififaciones hechas por los técnicos del Tribunal de Cuentas en la contabilidad de las organizaciones territoriales, destaca la efectuada en la del País Vasco en Blbao, donde se comprobó que "no existe un balance de situación, ni cuenta de pérdidas y ganancias, ni un libro mayor que permitiera su reelaboración, si bien en el trámite de alegaciones se aportan dichos estados contables, aunque estos no presenten la debida acreditación".

En las cuentas del PP de Galicia, el tribunal ha detectado que en el capítulo de ingresos aparecen registrados donativos por valor de 12 millones de pesetas contabilizados en el mismo día y que responden a ingresos de tres cheques e numeración correlativa.

La legislación, recuerda el tribunal, limita las aportaciones privadas procedentes de una misma persona física o jurídica a 10 millones, que deberán ingresarse en cuentas específicas abiertas en entidades de crédito.

El informe afirma también que se ha detectado una "carencia de directrices técnicas contables" suficientemente desarrolladas, que regulen, principalmente, las relaciones entre la tesorería nacional del partido y la organización territorial e institucional. Además menciona la inclusión errónea de determinadas partidas de gastos electorales como ordinarios, así como una deficiencia, que ha hallado en la contabilidad de otros partidos, consistente en aplicar con carácter general el principio de caja en lugar del de devengo, que provoca una "inadecuada imputación temporal de ciertas anotaciones contables".

Esta fiscalización al Partido Popular se incluye en el último informe sobre la contabilidad de los partidos políticos, correspondiente a 1990, aprobad por el pleno del Tribunal de Cuentas, que tendrá que ratificar la correspondiente comisión parlamentaria en cuanto se inicie la actividad de la nueva legislatura.

Estos días, el tribunal está investigando las cuentas de los partidos de 1991, 1992 y 1993, en un intento de actualizar al máximo posible la fiscalización de la contabilidad de las fuerzas políticas, según dijeron a Servimedia fuentes de la institución.