Según la información a la que tuvo acceso Servimedia, se investigaron el 84% de los contratos de emergencia que se firmaron durante 2020 y que supusieron un total de 526.115.199,77 euros de presupuesto, un 99% del total. Los contratos se emplearon para hacer frente a la situación generada por la covid-19, principalmente, con la compra de materiales como mascarillas, gafas o aparatos de ventilación.

La fiscalización revela defectos en diversos ámbitos como cambios en los presupuestos para contratar que sobrepasaban el límite legal del 50%, problemas de calidad que llevaron a reponer o destruir material, o falta de verificación sobre la capacidad de las empresas a las que se adjudicaron los contratos, que, presuntamente, se debieron a la situación de emergencia.

En este contexto, fuentes cercanas al Tribunal confirman que se tumbó durante la última sesión del pleno el 29 de junio, con 6 votos en contra del sector más cercano al Gobierno en el que está la presidenta del Tribunal, Enriqueta Chacón, 5 votos a favor, uno de ellos del exfiscal jefe Miguel Ángel Torres, y dos abstenciones, una por parte del exfiscal jefe Martín Garnizo, del ala cercana al Gobierno.

El argumento para tumbar el informe atendió a cuestiones técnicas y jurídicas, aunque las mismas fuentes aseguran que podría tratarse de una maniobra para frenar su publicación antes del 23-J, ya que la próxima sesión será el día 27, además el mismo informe también se frenó antes de las municipales y autonómicas del 28-M y es el único de los siete documentos que quedan por publicar por parte del Tribunal, en lo que compete a la gestión de la pandemia.

En su momento, el retraso en el informe también podría haber obedecido a una estrategia para evitar un impacto negativo sobre el exministro de Sanidad Salvador Illa que posteriormente se presentó a las elecciones en Cataluña.

IRREGULARIDADES EN LOS CONTRATOS

Entre otros defectos, los datos revelan que a pesar de la orden que dio en marzo el exministro Illa para centralizar los suministros de material, en 45 contratos no quedó acreditado que se diera cuenta de los mismos a la institución delegada que, en este caso, era la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia.

La información también apunta a que en varios contratos se produjeron problemas de calidad, que llevaron a destruir el material porque no se podía identificar o a reposiciones del material, que, en algunos casos, todavía estaban pendientes en 2022.

En ese sentido, el 10% de las adjudicaciones del Ministerio de Sanidad contaron con incidencias por demora, material defectuoso o cumplimiento de las obligaciones que derivaron en resoluciones del contrato, ampliación de plazos o requerimientos de reposición del material en incluso reintegro del importe.

Por otro lado, de la fiscalización se destila que en “la mayor parte de los contratos en los que se produjeron incidencias que afectaron al inicio de su ejecución”, no existía una verificación por parte del Ministerio sobre la capacidad de suministro o la solvencia técnica de la empresa adjudicataria, aunque se reconoce que estas contrataciones se realizaron en un contexto de “emergencia excepcional” y “desabastecimiento global”.

Esto según fuentes cercanas a empresas involucradas, podría deberse a que el gobierno de China, donde se centralizaba casi toda la producción de mascarillas, certificó como fiables empresas que no lo eran o que no tenían capacidad para asumir los contratos.

La investigación también apunta a modificaciones presupuestarias de algunos contratos que no se ajustaron a la ley, dándose incrementos del 128%, 90% y 364% en tres contratos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, dirigido por Yolanda Díaz, cuando la Ley solo permite sobrecostes del 50%, En cualquier caso, es cierto que las informaciones también explican que generalmente los precios de los contratos atendieron a la fluctuación habitual del mercado.

En el ámbito presupuestario, 217 millones de euros, casi la mitad del total, se adjudicaron en el mismo día a una empresa intermediaria española para la compra de mascarillas, y Sanidad además adjudicó otros tres contratos a una empresa China a la cual el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria ya había adjudicado otros dos contratos, suponiendo el importe global para esta empresa 187 millones de euros.

Las fuentes además señalan que 59 de los 133 contratos que eran de remisión obligatoria al Tribunal, o bien no se remitieron de oficio o bien se retrasaron transcurrido el plazo legal de tres meses. En 39 contratos también se omitió el deber de publicar la adjudicación en el BOE o en el perfil contratante del órgano de contratación, y en 5 no quedó acreditado que se informara al Consejo de Ministros.

RETRASOS Y MATERIAL DEFECTUOSO

En este marco, la investigación concluye que el 6% de los contratos se tramitaron por la vía de emergencia a pesar de la demora de más de un mes, cuando en tal caso, la Ley de Contratos del Sector Público obliga a tramitarlos por la vía ordinaria.

En cuanto a la calidad de los materiales, el 4% de los contratos no presentan un documento que acredite la conformidad de la Administración con el material recibido, sin documentar la ejecución del contrato o si este presentaba alguna incidencia, de hecho, en dos contratos no quedó acreditada la comprobación del material.

Así mismo los datos aseguran que el Ministerio de Sanidad distribuyó casi todo el material en casi todos los contratos que ejecutó. Sin embargo, hubo casos en el que solo se repartieron el 0,3% de las mascarillas FPP2 que se adquirieron o el 7,5% de las gafas, ya que estas últimas eran defectuosas y el material tuvo que reponerse.