Carretero hizo esta afirmación durante la presentación, ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas, del informe de fiscalización de RTVE correspondiente al periodo 1983-1987.

Este criterio fue rechazado por los portavoces del PP e IU, quienes considerron que las conclusiones del informe demuestran suficientemente la mala gestión del ente público y la absoluta falta de control de los gastos en el periodo analizado.

El informe fue solicitado por la comisión en marzo de 1987, con la intención de detectar posibles irregularidades económicas en el periodo de dirección de José María Calviño, y posteriormente fue ampliado al de Pilar Miró.

El citado estudio consta de cerca de mil páginas, que incluyen análisis de la financiación, gastos de personalproducción del ente público, al tiempo que incorpora 147 conclusiones.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión, Néstor Padrón, señaló que esta cantidad de datos es inusitada, cuando los otros informes realizados suelen rondar las trescientas páginas, a lo sumo.

Según el presidente del Tribunal de Cuentas, "esa profusión es la consecuencia lógica del esfuerzo realizado para analizar pormenorizadamente cada una de las áreas, a fin de obtener la certeza suficiente sobre la sitación real".

La valoración del informe realizada por la representante del PP en la comisión, Luisa Fernanda Rudi, fue positiva, ya que, según aseguró, "demuestra la desastrosa gestión en RTVE en ese periodo de cinco años, debido a la total falta de control, como se pone de manifiesto en algunas conclusiones".

Sin embargo, Néstor Luján advirtió que los diferentes grupos no habían encontrado puntos que pudiesen ser criticados duramente dentro del informe, ya que todos los gastos han sido considerads lógicos y dentro de la legalidad, por lo que la comisión ha tenido que descender a aspectos tan superficiales como la recomendación de una mayor brevedad y concreción.

Entre las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas, destacan la necesidad de planificar y actualizar las normativas internas en materia de inversiones, tesorería y contratación de personal.