Ese es el importe de los saldos deudores injustificados en diferentes organismos públicos, que dieron lugar a la apertura de procedimientos para determinar la responsabilidad contable del autor de la irregularidad y obligarle a indemnizar al Estado, en caso deprobarse su culpabilidad.

Estos procedimientos se basan en la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, según la cual los funcionarios deben indemnizar por las pérdidas causadas a la Administración cuando por acción u omisión ilegal de su parte se derive un perjuicio al Tesoro.

Los procedimientos de reintegro abiertos en 1987 por esta causa fueron 461, de los que 165 correspondieron a investigaciones de robos y atracos en los que el funcionario no actuó con la debida diligencia en la custodia de los ondos públicos, lo que supuso la sustracción 136,7 millones de pesetas.

Otros 56 procedimientos se incoaron por pagos realizados indebidamente, por un importe de 9.964.039 pesetas, y 75 por daños causados en bienes públicos, en una cuantía de 938.467 pesetas.

La cuarta y más importante causa de investigación fue motivada por irregularidades puramente contables (principalmente errores en sumas o restas) que supusieron la apertura de 165 procedimientos, por un importe estimado en 892,7 millones de esetas.

DEFENSA, PRIMER LUGAR

El informe del Tribunal de Cuentas pone de manifiesto que el organismo en el que se detectaron más irregularidades fue el Ministerio de Defensa, con 299.168.522 pesetas, casi la tercera parte del total.

A continuación figura, entre todos los organismos públicos, las Loterías, con 168,2 millones de pesetas; las Haciendas Locales, con 167 millones; Correos, con 157,5 millones, y Caja Postal, con 119,5 millones.

También tienen abiertos procedimientos investigadors empleados de la Junta de Andalucía (por 76 millones de pesetas), el Ministerio de Economía y Hacienda (31,1 millones) y el Ministerio de Agricultura (11,7 millones).

Por cuantías inferiores también se detectaron "agujeros" contables en la Junta de Puerto de Villagarcía de Arosa, las Comunidades Autónomas, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación y Telégrafos, entre otros organismos.

El informe del Tribunal de Cuentas detalla la distribución de las deudas por provincias, ocupando Marid el primer lugar, con 561 millones de pesetas, más de la mitad del importe total sujeto a investigación.

Destacan también Málaga, con 101,8 millones; Córdoba, con 85 millones; Cádiz, con 37 millones; Sevilla, con 32 millones; Alicante, con 29 millones; Badajoz, con 21,7 millones; y Tenerife, con con 21,6 millones.

Por otra parte, las investigaciones abiertas por el Tribunal de Cuentas permitieron en 1987 el reintegro de 205,1 millones de pesetas. La recuperación del dinero no siempre es posibl al comprobarse la insolvencia del responsable de la infracción. En el 87, el tribunal dictó auto de insolvencia en dos procedimientos, en los que el importe reclamado ascendía a 52,7 millones de pesetas.