Los hechos que denuncia el máximo órgano fiscalizador del Estado y que publica hoy "El Norte de Castilla", tuvieron lugar en los primeros años 90, cuando el Partido Popular, que actualmente está al frente de la Junta Castellano-leonesa, gobernaba en coalición con el CDS.

Según el Tribunal, la Consejería de Fomento entonces dirigida por el centrista Jose María Monforte, llevó a cabo en 1990 medio centenar de contrataciones de obras, casi todas relativas a la Dirección General de Transportes y Carreteras.

Muchas de esas contrataciones incurren en importantes irregularidades administrativas: en algunos casos se incumplieron los requisitos exigidos por la Ley de Contratos del Estado, en otros se contrató por la vía de urgencia cuando las obras no fueron adjudicadas hasta casi medio año después, "con lo cual", señaa el Tribunal de Cuentas, "la urgencia declarada no resultó congruente con la dilatada tramitación".

El Tribunal de Cuentas afirma en su informe, igualmente, que se han detectado desvíos presupuestarios en la Dirección General de Transportes y Carreteras de más del 300%.

SIEMPRE DETRAS DE EL

El entonces consejero de Fomento, Jose María Monforte, ha señalado que en el tiempo que estuvo a cargo de la Consejería se actuó "con total transparencia" y que "no hubo ningún tipo de irregularidades", aunue no descarta "alguna irregularidad administrativa, no por culpa del consejero, sino porque algún funcionario tuviera algún error humano".

"Lo que sí que parece todo esto", añadió Monforte, "es algún tipo de manipulación por parte de algún partido político que quizá esté en estos momentos en el Gobierno para sacar trapos sucios de donde no los hay".

No obstante, Monforte dijo que no le extrañan estas irregularidades del anterior y actual director general de Carreteras de la Junta, el popular Angl Díez Ripa, porque "tenía que estar todo el día detrás de él".

Por su parte, el coordinador regional de IU, Antonio Herreros, ha dicho que este tipo de irregularidades "se siguen produciendo en la Junta", y que en el ambiente flota la sospecha de una financiación irregular del PP, pero que "hay que demostrarlo".

Antonio Herreros ha pedido todas las cuentas del departamento citado en los años 90, 91 y 92, y ha señalado "que en este caso lo único que pretendemos es saber cómo se han realizado las ontrataciones, las adjudicaciones y demás, porque parece ser que existen informaciones contrastadas del Tribunal de Cuentas en las que se habla de muchas irregularidades".

Herreros señaló el paralelismo que existe entre este caso y el de la subvención a fondo perdido otorgada por el Gobierno de Castilla y León a la empresa Béjar Patrimonial, a la que la Junta concedió 600 millones de pesetas que ahora exige que sean devueltos, por no haber sido empleados convenientemente.