En el periodo analizado de los años 1993 y 1994, el máximo órgano fiscalizador del Estado ha detectado que el Insalud y el Inserso realizaron contratos de licitación superiores a 120 millones de pesetas sin contar con la preceptiva autorización ministerial.

Concretamente, el tribunal habla de un "juego de delegaciones" en el Insalud "que llevó en la práctia a que el director general de este organismo pudiera celebrar contratos por cuantía de hasta 1.000 millones de pesetas sin autorización alguna".

"La concentración en la figura del director general del Insalud de la facultad para celebrar contratos y la de autorizarlos para las cuantías referidas, resulta contraria a los mecanismos de control establecidos en este caso por la ley 37/1988, por lo que la Orden Ministerial de 28 de octubre de 1992 (que reguló la delegación de atribuciones), al vulnerar lodispuesto en una norma de rango superior, pudo haber incurrido en su día en un supuesto de nulidad de pleno derecho", afirma el informe, que ha sido enviado al Congreso de los Diputados.

Sobre el Insalud, el tribunal también ha hallado pruebas de un contrato por importe de 689 millones de pesetas, que tenía por objeto el arrendamiento de un equipamiento durante tres años para soporte de la gestión de la tarjeta sanitaria, y que fue adjudicado en enero de 1993, esto es, 20 meses después de que en mayo e 1991 fuera declarada su "urgencia" por el secretario general del Insalud, "lo que desvirtúa plenamente tal declaración de urgencia".

Asimismo, la convocatoria de ese contrato no fue anunciada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, como era preceptivo en función de su cuantía, y la fianza fue constituida con anterioridad a la resolución de adjudicación del contrato.

RECOMENDACIONES

Como regla general, el órgano fiscalizador asegura que la utilización del concurso como forma de contrtación fue escasa en la Seguridad Social durante el periodo analizado, a pesar de que es el sistema más normal junto con la subasta.

En cambio, la contratación directa se utilizó en el 65 por ciento de los casos, aunque no siempre estuvo debidamente justificada, como sería necesario al tratarse de un sistema excepcional de adjudicación de los contratos.

En el capítulo de contratación de técnicos informáticos, se ha detectado una falta de adecuación de las plantillas a las necesidades informáticashabituales. "La contratación de horas de personal informático de diversas categorías se mantiene en el tiempo y es muy elevada", afirma.

Sobre los contratos de adquisición, se hicieron ampliaciones que en algunos casos no contaron con el preceptivo informe de la asesoría jurídica correspondiente.

Respecto al tiempo de ejecución de los contratos, éste suele retrasarse sobre el plazo previsto en los pliegos de cláusulas, "sin que las entidades hayan adoptado medidas correctoras o penalizadoras frene al contratista incumplidor".

En el apartado de recomendaciones del informe, el Tribunal de Cuentas aconseja a los ministerios de Trabajo y Sanidad que adopten medidas "para garantizar la adecuada participación de los órganos de contratación de las entidades gestoras en la adquisición del material informático que necesitan".

También les recuerda la necesidad de que la modalidad del concurso sea, junto a la subasta, "el sistema normal de adjudicación en la contratación administrativa", y que la cntratación directa se use con carácter "excepcional".