En concreto, del periodo analizado correspondiente al año 1993, el informe señala que tras la investigación realizada se puede concluir que "los estados financieros rendidos por el IRYDA no representan la imagen fiel de la situación financiera y patrimonial del organismo ni el resultado de sus operaciones durante el ejercicio fiscalizado".

El máximo órgano auditor de Estado afirma haber hallado importantes incumplimientos en la contabilidad de este organismo, que afectan fundamentalmente a las cuentas de tesorería e inmovilizado.

Según la inspección, las cuentas representativas del inmovilizado material e inmaterial se vieron incrementadas ese año por la incorporación de gastos corrientes, por importe de, al menos, 116 millones de pesetas.

El IRYDA no registró contablemente el importe reintegrable de obras de interés común y agrícola privado cuya liquidacióndefinitiva se había producido y había de ser reintegrado cuando se produjera la correspondiente liquidación de zona. En el ejercicio fiscalizado, dicho importe, dado de baja en la cuenta de "Infraestructuras y bienes destinados al uso general" con cargo a la de "Patrimonio entregado al uso general", ascendió a 2.814 millones de pesetas.

La contabilidad del IRYDA tampoco recogió saldos líquidos depositados en diversos bancos, por una cuantía de 670 millones de pesetas.

En la gestión presupuestaria la diferencia entre las obligaciones y los derechos reconocidos arrojó un déficit de 4.035 millones de pesetas en la cuenta de liquidación. "No obstante, si el organismo hubiese aplicado correctamente las normas presupuestarias y contables, habría obtenido un superávit de 11.318 millones de pesetas", agrega el informe.

INVERSIONES PUBLICAS

Respecto a los gastos extrapresupuestarios, el tribunal denuncia que una parte importante de las ayudas fue pagada extrapresupuestariamente con anticipos recibids del Ministerio de Agricultura para tal fin. "El gasto ascendió a 19.482 millones de pesetas y correspondió a las ayudas reguladas por el Real Decreto 808/1987, cuya aplicación debió suspenderse en junio de 1991 a causa del elevado déficit presupuestario originado".

Asimimo, explica que las previsiones realizadas en 1992 de los compromisos pendientes de estas ayudas (39.721 millones) fueron superiores a los que realmente tuvo que hacer frente (35.023 millones de pesetas hasta octubre de 1994).

Pr otro lado, el informe menciona una "desviación considerable" entre la estimación realizada del disponible del presupuesto de 1992 para el pago de estas ayudas (9.238 millones de pesetas) y el importe de las obligaciones reconocidas con cargo a dicho presupuesto (14.108 millones).

Por lo que se refiere a inversiones públicas en infraestructura, el saldo de las cuentas ascendía a finales de 1993 a 148.996,2 millones de pesetas, que no estaba acompañado de detalle documental que permitiese conocer la cmposición de ese saldo, por lo que el tribunal se queja de que no ha podido hacer una buena fiscalización de este capítulo.