La auditoría realizada sobre las actuaciones efectuadas por el anterior Ejecutivo de Cantabria en 1993, que está en poder del Parlamento autónomo, explica que en los concursos realizados por el Gobierno regional en ese año no se fundamentaron adecuadamente el 50 por ciento de las contratacioes, no se fijaron límites en posibles modificaciones ni se establecieron criterios de valoración de los pliegos presentados a concurso.

El informe, publicado hoy por "El Diario Montañés", señala también que existieron deficiencias en la supervisión de los proyectos, control de la calidad y exactitud de los mismos, lo que dio lugar a "perjudiciales retrasos para la buena gestión de los fondos públicos afectados".

Asimismo, el Tribunal de Cuentas recoge la "indebida" retención por parte del Gobiern autónomo de los Fondos de Cooperación Municipal, al objeto de satisfacer deudas de los municipios contraídas con el Gobierno regional, asunto éste por el que fue juzgado y condenado el entonces consejero de Economía, Manuel Pérez.