Hasta que no se dicte una ley que regule el funcionamiento de las televisiones por cable, la actuación de los vídeos comunitarios que excedan el ámbito vecinal, no tiene un marco legal apopiado.

El ordenamiento jurídico español contempla, hasta ahora, sólo el modelo de televisión considerada como servicio público, ya sea pública o privada, y los vídeos comunitarios cuya cobertura esté reducida a una comunidad de propietarios o una manzana de edificios.

Hasta la fecha, las televisiones por cable se amparaban en una fórmula mixta, ya que utilizaban la distribución por abono (cable) y su ámbito era generalista, para una localidad entera, como servicio público.

Esta fórmula no etá respaldada por la Asociación Española de Distribuidores por Cable (AESDICA), que agrupa a veinte empresas del sector, que considera que los vídeos comunitarios, generalmente de baja calidad técnica, usurpan el nombre de televisión por cable al intentar reconvertirse en redes de teledistribución.

A LA ESPERA DE LA LOT

Los miembros de AESDICA, después de presentar al Ministerio de Obras Públicas y Transportes un "libro verde de las Telecomunicaciones", están a la espera de que se apruebe la LOT par iniciar sus transmisiones de forma habitual, y consideran sus actuales programas como una emisión en pruebas.

Por su parte, Canal+ se acoge a la consideración de televisión de servicio público y cobertura nacional, en las condiciones que estableción el Gobierno para la concesión de licencias a canales privados.

Aunque Canal+ emite programación codificada, para abonados, su distribución por ondas y no por cable y la dedicación de parte de sus espacios a emisión sin codificar, la integran en la caegoría de televisión privada.