El Alto Tribunal da así la razón al concejal de ayuntamiento de San Sebastian, antes de Euskadiko Ezkerra y actualmente independiente, Javier Olaverri, quien en su día solicitó al Gobierno Civil de Guipúzcoa quele facilitase todos aquellos datos que tenían sobre él y que le fué denegado por la Institución guipuzcoana.

Ahora, la sentencia del TC obliga al Gobierno Civil a que le "comunique sin demora la existencia de los ficheros automatizados que dependen de la Administración Civil del Estado" y también "aquellos datos personales que le conciernen".

Con dicha negativa, aseguran los fundamentos jurídicos de la sentencia "La Administración del Estado hizo impracticable el ejercicio de su derecho a la intiidad, dificultando su protección más allá de los razonable y, por ende, vulneró el artículo 18 de la Constitución" que, en su punto cuarto dice que "la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos".

Según Olaverri, si la citada Institución se negase ahora a facilitárselos "incurriría en prevaricación".

Olaverri y su abogado, Javier Hernáez, estimaron que, la sentencia obligará "a los particulares que tienen este tipo de datos,a facilitarlos".

El dictamen del Constitucional cuenta con el voto particular, en contra, de uno de los componentes, Miguel Rodríguez-Piñero, quien estima, al igual que otros Tribunales por los que este caso fue pasando, que no existe una reglamentación a este respecto.

Ante esta afirmación el Alto Tribunal considera que "los derechos y libertades fundamentales, vinculan a todos los poderes públicos y son origen inmediato de derechos y obligaciones, y no meros principios programáticos".

Con sta decisión del Constitucional, debe entrar en vigor el derecho a garantizar la privacidad de las personas recogido por un convenio europeo que España suscribió en 1985 pero que aún no ha sido regulado en nuestro pais.