En concreto, han sido admitidas a trámite las referidas a la ampliación de los horarios comerciales (8 recursos), las medidas liberalizadoras del suelo (4 recursos) y las revisiones obligatorias de la ITV (Inspección Técnica de Vehículos) (4 recursos), según las providencias dictadas por el Alto Tribunal a las que tuvo acceso Servimedia.

Además, el Parlamento de Navarra también ha visto admitida a trámite por el Tribunal Constitucional su recurso sobre medidas libralizadoras de los horarios comerciales.

En total, han sido las seis comunidades gobernadas por el PSOE, además de Cataluña y Navarra, las que en su momento expresaron su disconformidad con las medidas impulsadas por el Gobierno de José María Aznar, las responsables de los recursos.

A partir de este momento, tienen un plazo de quince días para personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.

En todos los casos, los recurrentes entienden que se están invadiendo la competencias que les son propias. En el caso de los horarios comerciales, por ejemplo, el Gobierno catalán considera que el Estatuto de Autonomía establece en su artículo 12.1.5 que la regulación del mercado interior corresponde a las comunidades.

Por su parte, el Gobierno andaluz conforme al artículo 18.1.6ª de su Estatuto argumenta igualmente que tiene competencia exclusiva en lo que a ordenación del mercado interior se refiere, lo que incluye la materia de los horarios comerciales "conforme a reitrada doctrina sentada por el Tribunal Constitucional".

Ambos recurrentes considera además que esta intromisión del Ejecutivo central puede tener una "incidencia directa y significativa sobre la actividad económica general" y que, además, priva a los afectados de la seguridad jurídica que consagra la Constitución.