Sólo el pasado mes de julio, este organismo adscrito al Ministerio de Economía aprobó cinco registros de morosidad presentados por organizaciones empresariales, más que los tres que había autorizado en toda su historia anterior.

Los registros que recibieron luz verde del tribunal en tan corto espacio de tiempo fueron solicitados por la Federación Nacional de la Empresa de Publicidad, la Asociación Española de Industrias del Deporte y el Ocio (Asesport), el Gremio de Comerciantes de Materia de Construcción de Tarragona, la Asociación de Empresarios de Madera, Tableros, Chapas y Molduras, y la Federación de Rajolers (fabricantes de baldosas) de Cataluña.

En todos los casos, el Tribunal de Defensa de la Competencia otorgó la autorización por un plazo de cinco años y la justificó con el argumento de que estos sistemas de control de los impagados prestan "una importante función de clarificación y de saneamiento de la actividad comercial de las empresas".

OPOSICION DE LOS CONSUMIDORES

El caso más problemático ha sido el de la patronal de los fabricantes de artículos de deporte y ocio (Asesport), ya que a la concesión del registro se opuso el Consejo de Consumidores y Usuarios, que debe ser consultado, como máximo órgano de representación de los consumidores ante la Administración.

El citado Consejo, según consta en las alegaciones presentadas ante el tribunal, señala que "el propio hecho de figurar en el fichero supone una carga negativa para el ciudadano, que puede perfectamente dfinirse como una recomendación tácita a las empresas para que no permitan el acceso de este ciudadano al desarrollo de sus actividades".

El máximo organismo de representación de los consumidores ante el Gobierno afirma que los ficheros de impagados atentan con el derecho a la intimidad y que la lucha contra la morosidad debe encomendarse a la ley, y no al pacto entre empresarios.

Pese a estas consideraciones, el Tribunal de la Competencia se ratifica en la doctrina sentada desde que en 1989 aprob el primero fichero de morosos (ninguno puede funcionar legalmente sin su permiso).

Antes de la "tacada" aprobada en julio, sólo habían recibido el visto bueno de este organismo los de Fedicine, la patronal de las distribuidoras de películas; la Asociación Nacional de Entidades de Financiación (Asnef), y Hispalyt, la organización que agrupa a los fabricantes de ladrillos, que tiene serias dificultades para cobrar los suministros a las constructoras.

Las prisas de numerosas organizaciones patronals por aprobar ante el Tribunal de la Competencia sus registros de impagados ponen de manifiesto que la crisis económica ha convertido la morosidad en un problema de primer orden.

Los últimos datos del Banco de España indican que las empresas están pagando a sus proveedores con un retraso medio de 83 días, lo que ha obligado a muchas de ellas a aumentar sus dotaciones para insolvencias.

Hay que tener en cuenta que la tardanza media en los pagos de 83 días estaría casi al límite de lo que en el sisema crediticio pasa a considerarse como préstamo moroso, lo que sucede cuando el deudor no ha devuelto el préstamo 90 días después de vencido.