La resolución es consecuencia de un expediente que en 1987 abrió de oficio la Dirección General de Defensa de la Competencia a la Agrupación Provincial de Autoescuelas de Valladolid, por la comisión de prácticas contrarias al libre mercado.

El expediente puso de manifiesto que la citada agrupación provincial acordó en un asamblea celebrada el 27 de noviembre de 1986 una subida del 7 por cien para todos los carnés, con efectos a partir del 1 de enero de 1987.

El Tribunal de Defensa de la Competencia considera que el objeto del acuerdo "era claramente el de evitar la existencia de precios diferentes que pudieran dar lugar a competencia entre empresas en el sector de la enseñanza de conducción de vehículos".

Para el tribunal, entre ls prácticas contra la competencia, "la fijación de precios constituye una de las más graves por cuanto elimina el principal factor de competencia que aparece frente al consumidor o usuario como un dato fijo, con lo que su elección entre las diferentes ofertas del mercado ha de quedar subordinada a otros factores de menor entidad y de más difícil conocimiento por parte del usuario".

En su opinión, la unificación de precios significa "una descualificación en la prestación de los servicios de enseñanza d conducción, por cuanto la necesaria diversidad de precios debe recoger los diferentes factores que concurren en la prestación de aquéllos y que quedan lógicamente reflejados en los también diferentes precios de oferta".

No obstante, en atención a que la recomendación de precios fue revocada sólo mes y medio después de aprobarse, el tribunal ha decidido no imponer ninguna multa, limitándose a declarar la nulidad del acuerdo e intimar a quienes lo suscribieron a que se abstengan de prácticas similares n el futuro.

CONFLICTIVAS AUTOESCUELAS

El sector de las autoescuelas es uno de los que más ha contravenido la legislación en defensa de la competencia, mediante pactos sobre precios.

En el último año y medio, el Gobierno ha multado a un total de 54 autoescuelas, 38 de Guipúzcoa y 16 de Oviedo. La multa ascendió en cada caso a 250.000 pesetas por autoescuela, lo que suma un total de 13,5 millones, 9,5 de ellos a las compañías donostiarras y 4 a las ovetenses.

En el fallo que condenó a las atoescuelas ovetenses, el Tribunal de Defensa de la Competencia señalaba que "no deja de sorprender la reiteración de prácticas como las enjuiciadas, por parte de diversas autoescuelas, a pesar de ser varias las resoluciones de este tribunal declarando tales prácticas como prohibidas".

Asimismo, indicaba que ya en una resolución de 1984 desestimó la Federación Nacional de Autoescuelas para que se declarara no contrario a la libre competencia un acuerdo por el que las empresas del sector se comprometiern a no situar sus precios por debajo de sus costes.