La resolución considera que es una práctica ilegal y contraria a la libre competencia obligar a los pescadores a vender en la lonja de la cofradía todo el pescado descargado en el puerto correspondiente, en este caso el de Cariño.

La sentencia es consecuencia de una denuncia presntada por dos propietarios de barcos que se negaron a subastar su pescado en la lonja de la cofradía y fueron castigados con seis meses de baja y la imposición de multas, que posteriormente fueron anuladas por la Dirección General de Mercados Pesqueros.

REPRESALIAS

El tribunal considera probado que la cofradía aprobó un reglamento el 27 de mayo de 1990 que establecía multas de medio millón de pesetas a los pesqueros que descargasen sus capturas en otros puertos.

También estima demostrado que lacofradía realizó diversas acciones de represalia, además de la imposiciones de sanciones económicas, como negarse a venderles hielo a los dos armadores rebeldes.

Eso les obligó a comprarlo en otros lugares, con el consiguiente encarecimiento por el tiempo empleado y los costes de transporte, ya que la cofradía explota la única fábrica de hielo de la zona, construida en un terreno cedido por la Administración.

El tribunal entiende que las cofradías no están facultadas para imponer ese tipo de resticciones a sus asociaciones, aunque sean corporaciones de derecho público y órganos de consulta de la Administración en cuestiones relacionadas con la pesca, tal como establece el decreto de 1978 que regula su actividad.