La resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia, fechada el pasado 26 de diciembre de 1995, se refiere a unos hechos sucedidos en 1991, cuando los dueños de esos talleres llegaron a convocar manifestaciones ante la Mutua Madrileña para presionar en favor de sus peticiones "con carteles, pintadas y gritos", de acuerdo con la citada resoluión.

El tribunal considera que conculca la legislación de defensa de la competencia el requerimiento planteado a la Mutua por parte de los propietarios de los talleres y que la aseguradora tenía derecho a negociar bilateralmente con cada uno de ellos.

Los ahora multados remitieron una carta a la multa, que ha servido como prueba para sancionarles, en la que reclamaban la negociación conjunta para 1992 del precio hora y la no obligatoriedad de enviar presupuestos, entre otras cuestiones.

En s resolución, el Tribunal de Defensa de la Competencia, un organismo administrativo dependiente del Ministerio de Economía, señala que "no se puede admitir la negociación colectiva de un conjunto de empresarios con un cliente, ni para imponer unas condiciones uniformes ni tampoco -como es el caso que nos ocupa- para imponer al cliente que acepte los precios y tiempos que cada uno de los empresarios determine unilateralemente".

No obstante, el tribunal ha optado por imponer unas multas de baja cuantía aendiendo a que, "aunque la conducta puede ser calificada de muy grave, la cuota de mercado de las empresas infractoras es muy pequeña, a tenor de lo declarado por la Mutua, la duración de la restricción de la competencia fue corta, no ha habido reiteración de los imputados en la realización de la conducta prohibida y el efecto de la restricción de la competencia fue escaso, puesto que la iniciativa no tuvo éxito".

Los multados son los responsables de los talleres Franauto, Huerta, Sánchez, Cota, Areba Guerrero y Lemar. Todos ellos fueron sancionados con medio millón de pesetas, salvo el último, en quien recayó una multa de 300.000.

La denuncia que ha concluido con la imposición de estas multas fue presentada por la propia Mutua, que previamente interpuso una querella judicial, que no prosperó, contra varios de los ahora sancionados, por un presunto delito de coacción y maquinación para alterar el precio de las cosas.