La resolución, dictada el pasado 4 de febrero, considera probado que la citada organización patronal, denominada Asociación de Transitarios, Expedidores Internacionales y Asimilados de Madrid (ATEIA), y las empresas asociadas pactaron la imposición de tarifas mínimas a sus clientes y constituyeron irregularmente un registro para controlar a las compañías que les pagaban.

El negocio de estas empresas consiste en contratar con las compañías que desean comerciar a nivel internacional, encargándose del transporte de las mercancías y de realizar el "papeleo" en las aduanas.

La actuación ilegal se produjo, según el tribunal, al ponerse de acuerdo para limitar la competencia entre ellas, mediante la fijación de tarifas mínimas y la creación de un registro para evitar la contratación con clientes morosos.

El tribunal considera probado que el acuerdo de tarifas entró envigor en 1988, tras sendas reuniones de los asociados, y que ATEIA lo difundió mediante un folleto en el que subrayaba su carácter obligatorio y se advertía que el incumplimiento sería considerado falta grave, con arreglo al reglamento de régimen interior de la asociación.

INTERFERENCIAS

Según la sentencia, ATEIA intentó interferir en la investigación realizada por este organismo, al envíar una circular a sus asociados "cuyo objetivo consistía en probar la no aplicación por las empresas de las citads tarifas mínimas", mediante el suministro de una muestra manipulada de facturas.

El tribunal rechazó las alegaciones de las empresas sancionadas en el sentido de que no puede hablarse de prácticas colusivas si no hay un cumplimiento unánime de las mismas.

A su juicio, "el control de las actuaciones que se separen de lo acordado es difícil para el órgano central del cartel, e imposible si no se parte de un acuerdo expreso, formal y aceptado por una mayoría relativamente muy amplia, como aquí es e caso".

En cuanto al registro de morosos, el tribunal señala que el de ATEIA no se ajusta a las reglas fijadas por su jurisprudencia: que cuente con previo permiso, que la adhesión al mismo sea voluntaria y que no implique la prohibición colectiva de contratar con las empresas incluidas en él.

En la resolución del tribunal, la multa de mayor cuantía recae sobre la patronal ATEIA, sancionada con 100 millones de pesetas. El resto de las multas varían desde las 25.000 pesetas impuestas a "Sit Transprtes Internacionales" a los 67 de "Transportes Internacionales Muñoz y Cabrero".

En conjunto, se trata de la investigación de la Dirección General de Defensa de la Competencia que ha arrojado la mayor sanción en la historia del tribunal.

Hasta ahora, la más elevada, de 355 millones de pesetas, fue impuesta en 1990 a la Asociación Nacional de Productores de Pollos, la Asociación Española de Mataderos Industriales de Aves y más de 40 empresas del sector, por limitar la producción y pactar elevacions de precios.

Las sanciones han sido recurridas por ATEIA, según informaron a Servimedia fuentes de esta asociación. La aprobación final de las mismas es competencia del Consejo de Ministros.

El expediente investigador que concluyó con las sanciones impuestas por el tribunal se inició de oficio por la Dirección General de la Competencia, gracias la fotocopia de las tarifas mínimas pactadas por ATEIA que le remitió el 23 de mayo de 1988 la Dirección General de Servicios Sociales y Consumo de la Cosejería de Bienestar Social de la Junta de Castilla y León.