La resolución, a la que tuvo acceso Servimedia, considera nulo de pleno derecho un convenio del 8 de enero de 1979, que obliga a los mayoristas a vender todo el pescado en la lonja de Santander, aunque no proceda de esta localidad.

El tribunal considera probado que, por no cumplir con ese precepto, la Cofradía de Santander llegó a prohibir el acceso ala lonja santanderina al empresario Venancio Allica González, que denunció el caso a la Dirección General de Defensa de la Competencia.

También constató que la Cofradía de Pescadores de Santander, que en el momento de ocurrir los hechos era concesionaria de la explotación de lonja de pescado del puerto y única organizadora de las subastas, impuso multas a otros empresarios que no acataron dicha restricción.

Para el tribunal, estas actuaciones constituyen prácticas ilegales de abuso de posición doinante prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia, cuya importancia pone de manifiesto la memoria de la Cofradía de Santander correspondiente a 1989.

Esa memoria indica que el valor del pescado subastado en la lonja santanderina ascendió en 1988 a 2.012 millones de pesetas, de los que 379,3 millones fueron pagados por pescado procedente de fuera de esta localidad.

Por otra parte, el tribunal también ha decidido imponer sendas multas de 500.000 y 150.000 pesetas a las Cofradías de Pescadors de Santoña y Laredo por otras prácticas restrictivas de la competencia en el funcionamiento de las lonjas.