Nada más comenzar el juicio, cuando accedieron al habitáculo acristalado de la sala de vistas, los acusados se sentaron de espaldas al tribunal que les juzga, mirando a la pared. El presidente del tribunal, el juez Alfonso Guevara, ordenó a los policías que accedieran al habitáculo y obligasen por la fuerza a los procesados a darse la vuelta y "mirar al frente, que es como tienen que estar".

En ese momento, García Martín, Cayetano Navarro y Díaz Villar comenzaron a proferir gritos contra el tribunal y protagonizaron numerosos forcejeos con los agentes que les custodiaban.

El fiscal encargado del caso, Vicente González Mota, comenzó entonces por indicación del presidente del tribunal a formular sus preguntas, a las que los arrestados no sólo se negaron a contestar, sino que intentaron boicotear la labor del representante del Ministerio Público gritando y riendo para tapar sus palabras.

"Esto no es justicia", "la Guardia Civil nos torturó" o "somos del Partido Comunista, no de los Grapo, a ver si os enteráis" fueron algunas de las consignas lanzadas por los procesados entre risas y pataleos.

A pesar de que el juez Guevara ordenó que se cortarán los micrófonos del habitáculo acristalado, cuando el fiscal terminó de formular sus preguntas y ante la persistencia de la actitud de desafío, el presidente del tribunal ordenó finalmente que los acusados fueran desalojados de la sala y el juicio continuó sin ellos.

El fiscal González Mota acusa a los procesados de los delitos de integración en organización terrorista en grado de dirigente y de falsificación en documento oficial con fines terroristas.

A tenor de estos delitos, solicita para García Martín y Cayetano Navarro 16 años y medio de prisión y pide para Díaz Villar una pena de 12 años y tres meses de cárcel.

Los tres acusados fueron detenidos por agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil el 9 de junio de 2006 en un piso de la localidad tarraconense de Reus.

Sobre García Martín pesaba una orden de busca y captura dictada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por su presunta participación en dos atentados, uno con resultado de muerte cometido en Zaragoza el 15 de febrero de 2006, así como un ataque contra una sucursal bancaria de Castellón llevado a cabo el 18 de marzo de 2006, hechos investigados en otras causas.

El fiscal González Mota considera que García Martín era el responsable del Comité General de Interior del Partido Comunista Español reconstituido (PCEr), el brazo político de los Grapo.

Para el representante del Ministerio Público, Cayetano Navarro y Díaz Villar también pertenencian al citado Comité General de Interior del PCEr. Además, considera que la primera formaba parte también de la comisión de propaganda de los Grapo.

En el registro del piso de Reus, la Guardia Civil se incuató de numerosos documentos de identidad manipulados con las fotos de los tres arrestados, así como de material para su falsificación.

Asimismo, en el piso se intervino documentación en la que se señalaban distintos objetivos de los Grapo, entre los que figuraban diversas sucursales bancarias, así como papeles con información sobre las medidas de seguridad de la banda terrorista.