Hoy, el titular del juzgado número 4 de la capital tomó declaración a uno de los detenidos, mientras que otro permanece en la cárcel de Boxe.

El fraude de Lugo, en el que la Xunta ha anunciado que se personará como acusación particular, consiste en la falsificación de datos originales por otros falsos o la inclusión de los solicitantes en la nómina de perceptores de pensiones, sin informes previo.

Existen incluso cobros de pensiones por ancianidad por personas nacidas en 1946, es decir, con 45 años de edad.

Uno de los funcionarios detenidos es Manuel Chouza Torrón, presunto autor de delitos de tráfico de influencias, estafa, soborno y falsedad en documento público.

El Gobierno Civil de Lugo informó que este funcionario confesó ser autor de falsificaciones y cobro de cantidades por tramitar las ayudas, pero dijo haber actuado siempre por orden expresa del jefe de Servicios de Tramitaiones, Manuel Lamela Rodríguez.

María Angeles Leis Barcia es la tercera detenida, quien admitió haber falsificado informes sociales, también presionada por el jefe de servicio.

Ayer, viernes, fueron detenidos y, en su mayoría, puestos en libertad otras 21 personas, a quienes les imputan actuar como intermediarios, labor por la que cobraban entre 200.000 y 400.000 pesetas, según informó el Gobierno Civil, que prosigue con las investigaciones y no descarta nuevas detenciones.

El ámbito territoial del fraude detectado en la Administración regional se limita a los ayuntamientos de Lugo, Castroverde y Baralla.