Según informó este viernes el Instituto Armado, los arrestados en la llamada ‘operación Cone’ habrían ganado hasta un millón de euros con las más de 100 víctimas que hasta el momento se han logrado identificar.

Los integrantes de esta red de inmigración irregular cobraban entre 14.000 y 16.000 euros a estas personas, que eran ofrecidas luego como mano de obra, principalmente a empresas agrícolas.

La red usó varias sociedades ubicadas en España para darle forma de legalidad a la entrada de estas personas. Todo comenzaba con una oferta de empleo y la posterior contratación para su regularización, sin que finalmente estas personas llegaran a trabajar en las citadas empresas o figurando dadas de alta en la seguridad social durante un escaso periodo de tiempo.

SITUACIÓN DE DESAMPARO

Las empresas presentaban las ofertas de trabajo como puestos de trabajo de difícil cobertura con unas condiciones muy específicas. Esto dificultaba la posibilidad de encontrar trabajadores con esa capacitación entre el personal demandante de empleo en el sector agrario en la provincia de Toledo.

De esta forma, obtenían un certificado que permitía a las empresas la contratación de trabajadores extranjeros en su país de origen, a los que se les ofrecía previo pago, un contrato de trabajo, para obtener un permiso de trabajo por cuenta ajena y un permiso de residencia temporal.

Muchas de las víctimas, tras no obtener la regulación prometida, se han quedado en situación de desamparo y otras con las deudas contraídas por la obtención de los 16.000 euros solicitados como pago previo.

Durante la investigación se han recopilado múltiples denuncias y manifestaciones de víctimas, que confirman las sospechas y muestran el modus operandi desarrollado por los detenidos. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.