Según informó hoy el Ministerio del Interior, los implicados utilizaban tarjetas para realizar los pagos a los administradores de páginas web controladas por empresas de Florida (Estados Unidos) y Bielorrusia.

Como en anteriores operaciones por hechos similares, destaca el amplio abanico social y laboral al que pertenecen los detenidos, entre los que figuran profesores, administrativos, empresarios, médicos, monitores deportivos, banqueros, jubilados e incluso un sacerdote.

La investigación se inició el pasado año a partir de datos que, en coordinación con Interpol, fueron facilitados por el C3 (unidad especializada en ciberdelincuencia) del Servicio de Aduanas y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Esta unidad, bajo la dirección de la Fiscalía del Estado de Nueva Jersey, descubrió diversos sitios web en los que se ofrecía pornografía infantil de pago.

La desarticulación de la trama financiera organizada para tramitar los pagos efectuados por los usuarios, que conectaba empresas ubicadas en Florida y en Bielorrusia, permitió acceder a los datos de los usuarios que habían realizado pagos por acceder a estas páginas.

DESARROLLO DE LA OPERACION

Dado en carácter internacional de la operación, y una vez supervisada por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, el Juzgado Central de Instrucción número 6 se hizo cargo de la misma.

El Grupo de Protección al Menor de la Brigada de Investigación Tecnológica del Cuerpo Nacional de Policía inició las investigaciones y, tras varios meses dedicados al procesamiento de datos, fueron identificados 33 usuarios que con sus tarjetas de crédito habían efectuado pagos a los administradores de las páginas web con pornografía infantil desmanteladas en Estados Unidos.

Los detenidos están implicados en un presunto delito de favorecimiento de la distribución de pornografía infantil a través de Internet. Su actividad consiste en pagar por acceder a sitios web con pornografía infantil, lo que supone un medio de financiación para los delincuentes que crean y administran este tipo de páginas.

Las detenciones se han efectuado en diversas localidades de once comunidades autónomas, y en ellas han participado los grupos de Delitos Tecnológicos de las diferentes jefaturas superiores de Policía y laBrigada de Investigación Tecnológica. Esta última ha asumido, junto con la investigación propiamente dicha, la dirección y coordinación del operativo a nivel nacional.

Los detenidos residían en Sevilla, Cádiz, Huelva, Asturias, Santa Cruz de Tenerife, Barcelona, Tarragona, Gerona, Lugo, Pontevedra, Baleares, Madrid, Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa, Palencia, Alicante y Castellón.