Acosta explicó a Servimedia que una confederación de Estados no tiene Constitución, debido a la propia naturaleza jurídico-política de la misma. "Una confederación de Estados es una forma de unión en la cual cada parte conserva su soberanía, y no hay posibilidad de una ley suprema que sirva para todos", subrayó.

En su opinión, lo que está muy claro en este momento es que la tregua anunciada por ETA ha desencadenado una crisi en el Estado autonómico, aunque su evolución dependerá de que este alto el fuego se consolide o se manifieste tras las elecciones vascas como una pura estratagema electoral, lo que significaría que los terroristas volverían a las armas y por consiguiente la opción nacionalista se vendría abajo.

No obstante, si la tregua persiste, este catedrático recalcó que analizar en qué términos se va a desarrollar la crisis del Estado autonómico es de una complejidad que, a su juicio, se está simplificando.

Se refirió a algunos términos que se están empleando y, en concreto, al concepto de Estado confederal, que según indicó no ha existido nunca ni puede existir y que representa una contradicción en sí mismo.

Acosta dijo que se debe hablar de una confederación de Estados, que en nuestro país estaría integrada por España y las tres nacionalidades históricas (Cataluña, Galicia y el País Vasco), pero en este caso no podría hablarse de una reforma de la Constitución, porque esta situación no cabe en la CartaMagna.

Sin embargo, esta opinión no es compartida por otros constitucionalistas consultados por Servimedia. Luis Aguiar de Luque, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid, señaló que una reforma de la Carta Magna siempre es posible políticamente si se lleva a cabo a través de los procedimientos que el propio texto legal establece.

Por su parte, Pablo Pérez Tremps, catedrático de esta misma asignatura en la Universidad de Extremadura, aseguró que la Constituciónse puede modificar desde el punto de vista jurídico si se sigue el procedimiento establecido, aunque matizó que para ello sería necesario el consenso de todas las fuerzas políticas.