En rueda de prensa en el Congreso, Belloch consideró que el Ejecutivo está "obligado a hacer políticas activas que permitan que no se apague la esperanza" despertada en la sociedad con el anuncio de la tregua, y aseguró que estas medidas son compatibles con mensajes de "firmeza" a la banda terrorista.

El ex ministro recordó que todos los gobiernos socialistas, y también el PP, antes de que ETA centrara su objetivo en los concejales populares, han adoptado estas medidas. "E necesario levantar el pie del freno", dijo.

No obstante, advirtió que no es posible "estar agradecidos a una cuadrilla de criminales" por el hecho de que decidan dejar de matar, sino que es necesaria una "respuesta de firmeza" por parte del Gobierno para que los terroristas abandonen toda esperanza de contraprestación política de clase alguna a cambio del cese de la violencia.

Asimismo, reiteró la necesidad de dejar claro que la reanudación de la violencia supondría el cierre de cualquier vía, yque no se puede dialogar bajo la amenaza de la vuelta a las armas porque "no aceptamos el papel de ETA como garante militar del proceso de paz. No aceptamos que ETA sea la autoridad militar competente".

En respuesta a las críticas vertidas por el PNV y CiU contra la actitud del PSOE, garantizó que los socialistas no patrocinarán ningún frente antinacionalista con el PP porque el error de los nacionalistas al constituir un frente "no puede ser corregido con otro error paralelo".

OFRECIMIENTO AL GOBIENO

Precisó que los socialistas sólo pretenden asegurar que la Constitución no será modificada salvo que se haga por los procedimientos previstos en ella, y consideró que eso no es frentismo, porque el PSOE no comparte posiciones con el PP en el resto de las materias. "Sólo sostenemos con firmeza el modelo constitucional y el principio democrático que supone respetar las reglas de juego", puntualizó.

A pesar de esta precisión, insistió en que los socialistas estarán "sin ninguna duda" con el Gobieno cuando las contraprestaciones exigidas por sus socios puedan desbordar el marco constitucional, o cuando pudieran entenderse como "concesiones que supusieran premiar el cese de la violencia".

Juan Alberto Belloch aseguró que su partido no tiene "ningún interés" en que los nacionalistas vascos y catalanes rompan su apoyo al Gobierno, pero sí en que ese apoyo parlamentario se traduzca en un reforzamiento de la unidad de los demócratas frente al terrorismo, "no en su fractura".

También se dirigióa los dirigentes de CiU para recomendarles que entiendan "que no siempre tienen razón, como parece deducirse cada vez que hablan" y, especialmente, a Jordi Pujol, al que aseguró que España "es una nación" y así lo sienten millones de españoles.

En su opinión, resulta "poco razonable e incongruente que quien reclama para si el sentimiento nacional lo niegue a millones de españoles" al decir que Cataluña es una nación, pero España no. "Esta es una de esas ocasiones en que el señor Pujol no ha actuado coforme a lo que exigiría el sentido común y una mínima sensibilidad", apostilló.

Aseguró además que los socialistas no están "a la defensiva" frente a las peticiones de modificación de la Constitución, y reiteró la necesidad de separar la búsqueda de la paz de cualquier otro debate político.

En un clima de libertad, argumentó, sería "perfectamente razonable" confrontar los diferentes y legítimos modelos de nación "y que decidan los ciudadanos". Sin embargo, advirtió que en otras condiciones este dbate se convertiría en algo "frágil y no conduciría a ningún sitio razonable".

DECLARACION DE MERIDA

Belloch compartió con el ministro Mariano Rajoy la necesidad de aportar prudencia al debate actual a raiz de la Declaración de Mérida, suscrita por los tres presidentes socialistas autonómicos y consideró el texto un "ejemplo de prudencia, de sensatez y de equilibrio" que el Grupo Socialista "comparte íntegramente".

El PSOE, concluyó el diputado socialista, apuesta por recuperar la unidad de losdemócratas en Ajuria Enea, Navarra y Madrid, que son los marcos donde se puede debatir "si se dan las circunstancias precisas para establecer vías de diálogo" o para modificar las líneas generales de la política penitenciaria.