En una resolución dictada el pasado ocho de julio, a la que tuvo acceso Servimedia, el tribunal rechazó prácticamente en su totalidad los recursos interpuestos por casi todas las empresas sancionadas. Sólo aceptó los planteados por dos granjas avícolas y, en parte, el interpuesto por AMIAVE.

El tribunal considera probado que las empresas sancionadas se pusieron de acuerdo, en 1988, para limitar la producción mediante el sacrificio anticipado de reproductoras, la disminución del número de pollios de un día aptos para el cebo, la reducción del número de huevos para incubar y el fomento concertado de la exportación.

Los acuerdos para suprimir la competencia y elevar los precios se produjeron en una reunión celebrada el 13 de mayo de 1988 entre empresarios del sector avícola, tras haberse cotizado el kilo de pollo vivo a 82 pesetas en días anteriores.

En esa reunión, los empresarios acordaron limitar la producción, creando una caja de resistencia, así como mantener encuentros mensuales y ceptar que se establecieran medios de control para el seguimiento de estos pactos, cuya duración estaba previsto prolongar hasta finales de 1988.

CONTROL Y REPRESALIAS

A partir de ese momento, tuvieron lugar reuniones de carácter regional en las que se verificó el cumplimiento de acuerdos y se decididió el establecimiento de comisiones de seguimiento y la adopción de medidas de represalia contra las empresas que no cumplieran el pacto.

Otros acuerdos tomados en los meses siguientes incluían desinar a la exportación el 15 por ciento de huevos de incubar producidos en determinadas semanas (reunión del 7 setiembre de 1988) y la aprobación de un plan de exportación de 100.000 canales de pollo semanales (reunión del 21 de setiembre de 1988).

La mayoría de estas reuniones tuvieron lugar en las sedes madrileñas de la ANPP, que agrupa a empresas productoras del 85 por ciento de loa carne de pollo, y AMIAVE, que integra a 36 sociedades con mataderos para esta aves.

La ANPP se encargó, entre otrs actuaciones, de recaudar las cuotas especiales de sus asociados para pagar los gastos de la recaudación de oferta que se llevaba a pago.

En el periodo de 1988 en que se pusieron en ejecución estos acuerdos, los precios fueron ascendiendo desde las 102 pesetas que costaba el kilo de pollo vivo en lonja y las 155 pesetas en la venta en canal al por mayor (en la semana del 30 de mayo al 4 de junio) hasta las 162 y 232 pesetas respectivamente, en el periodo comprendido entre el 16 de agosto y el 20 de stiembre.

El tribunal destaca la trascendencia de estas prácticas ilegales, al señalar que una gran mayoría de los ciudadanos compran carne de pollo, por ser la de más módico precio en el mercado.

LAS MULTAS

Las multas de mayor cuantía corresponden a la ANPP, con 100 millones de pesetas; AMIAVE, con 15 millones; la empresa Antonio Porta Labata, que se ha cambiado el nombre por el de "Doux Pollitos", con 32,5 millones; y Producciones Agropecuarias Fabra, con 16,75 millones.

Otros 2 millones ueron impuestos a Agrupación Pecuaria, 10,5 a Aragonesa de Piensos, 4,75 a Aves de León; 4,5 a Avícola Castellana; 5,25 a Avícola de Galicia; 1,25 a Avicu, 4,25 a Avícola Levantina, 2,5 a Bioter, 7 a Comave, 2,5 a Compañía de Piensos Valenciana, 1 a Compañía Extremeña de Nutrición Animal, 2 a Compañía Extremaña de Nutrición Animal, 1 a Compañía Murciana de Nutrición Nimal, y 2,75 a Compañía Reusense de Nutrición Animal.

Otros 11,25 a Cooperativa Comarcal de Avicultura de Reus, 2 a Cooperativa Lugo Avíola, 4 a Cooperativa de Granjeros Pontevedreses, 11,25 a Cooperativas Orensanas, 10,25 a Copaga, 15,5 a Copoll, 1 a Eiras, 5,75 a Estirpes Selectas, 3 a Granja Crusvi y 3,5 a Granja Julia.

Además, 3,75 a Granja Los Arcángeles, 5,5 a Granja Porta, 3,5 a Hibramer, 2 a Hijos de Marcelino Herranz, 2,5 a Industrias de Transformación Avícola, 6 a Miguel Callís, 1,25 a Piensos Baga, 2,5 a Piensos "La Foca", 9,5 a Piensos y Ganados, 8,25 a Productos Florida, 6 a Pipensa, 4 a Puente Blanca, 6,75 a Saprogal.

Completan la lista sancionadora Avícola Santa Eulalia, con 500.000 pesetas; Ebro Agrícolas, con 250.000 pesetas, Cooperativa Sacor, con 750.000 pesetas; y Rivadulla, con 500.000 pesetas.

Este expediente sancionador es el que ha dado lugar a la imposición de las mayores multas en la historia del Tribunal de Defensa de la Competencia, cuya capacidad de actuación quiere reforzar el Ministerio de Economía dentro de las medidas estructurales incluidas en el plan que presentó a los interlocutores socialespara mejorar la competitividad de la economía española.