La operación consiste en el traspaso, por 259 millones de euros (43.093 millones de pesetas), del 95,24% de las acciones que la Sepi tenía en Transmediterránea al consorcio ganador. Además, este pagará 13 millones de euros por el 4,76% en manos deminoritarios y los 210 millones restantes de la deuda de la compañía.

El proceso de compra se realizará a través de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones a un precio de 45 euros por título por el 100% de las mismas.

Ruíz-Jarabo aseguró que el consorcio ganador alcanza un volumen de 2.000 millones de euros en fondos propios, "lo que demuestra la solvencia del grupo", pues el coste de la operación no alcanza el 25% de dichos fondos.

No obstante, el vicepresidente de Acciona, JuanSáez, no descartó que, una vez que se lance la OPA y dependiendo de cuantos accionistas acudan a la misma, se barajará la posibilidad de lanza una OPA de exclusión de los títulos que se encuentran en Bolsa, con el fin de alcanzar el total de la compañía por parte del consorcio y sacarla de cotización.

Este grupo de empresas asume, además del contrato vigente entre Transmediterránea y el Estado, la obligación de mantener hasta enero de 2008 (un año más del plazo exigido por la Sepi) la unidad de la empesa, su sede social en España, una participación mínima que asegure el control de la compañía y sus fondos a 31 de diciembre de 2001.

La oferta también se compromete a mantener la plantilla fija y las condiciones laborales existentes. Además, se marca como objetivo fortalecer el servicio de transporte de pasajeros y mercancías mediante alianzas con otras empresas, aumentar los servicios y abrir nuevos mercados.

Junto con la adjudicataria, optaban a quedarse con Transmediterránea otras cinco socieades y grupos de empresas: el encabezado por la constructora Sacyr, Marsans y Ahorro Corporación; el formado por la naviera Baliaria y Astilleros Rodriguez; el compuesto por la naviera Boluda y CVC Capital Partners; y las empresas gala y británica Stef y Sea Containers, respectivamente.

El presidente de la SEPI, Ignacio Ruíz-Jarabo, destacó que el consorcio comprador "era la mejor oferta en términos de precio y del plan industrial. Cumpliéndose esto, la decisión era fácil de adoptar" y añadió que exisía una "diferencia muy significativa" con los grupos no ganadores.

La decisión tomada hoy llega después de que esta misma semana el presidente de la SEPI, Ignacio Ruiz-Jarabo, anunciara en Santander que la venta de Transmediterránea había quedado retrasada hasta finales del verano, al cambiarse el banco asesor del SCH a JP Morgan.

El responsable del ente público también se refirió a que en el grupo ganador se encuentre un ex ministro y explicó que "no miramos el carnet de identidad, miramos la sovencia financiera y los requisitos mínimos. Mirar cualquier otra cosa, sería actuar en contra de la ley".

En este sentido, aseguró que los servicios jurídicos de la SEPI han analizado la ley de incompatibilidades y no han encontrado ningun inconveniente para que no se pueda otorgar Trasmediterránea a ese consorcio.

La formalización definitiva de la operación requiere su aprobación por el Consejo de Ministros tras el preceptivo dictamen del Consejo Consultivo de Privatizaciones. Asismismo, se verásometida al posterior control por parte de la Intervención General de la Administración del Estado y del Tribunal de Cuentas y la Subcomisión de Privatizaciones del Congreso de los Diputados. Ruíz-Jarabo consideró que hasta finales de octubre o mediados de noviembre no estará formalizada la operación.