Asimismo, mantienen que algunos jueces han entendido que "la postra de la insumisión no es exclusiva de los insumisos, sino que cuenta con un amplio apoyo social".

La sentencia considera probado que el joven incumplió su deber por "imperativo de la conciencia", que no invocó frente al cumplimiento del deber individual, ya que fue exento de realizar la "mili", sino frente a la existencia misma del servicio militar obligatorio y de su mantenimiento.

De esta forma, si aceptaba la prestación social sustitutoria (PSS) aceptaba el servicio militar obligatorio, "postra coherente con las razones de conciencia inicialmente invocadas", según señala el magistrado, que no cree que la posición del insumiso sea resultado de la "comodidad y la desidia".

El Moc acusa al Gobierno de intentar convertir un conflicto social en un problema judicial y de transmitir a la opinión pública una versión errónea de la situación que sufren, responsabilizando de la misma a los jueces.

"Así", explica, "se trata de criminalizar la desobediencia civil que se manifiesta en la insumisió, pasándole la pelota a los jueces, dando la imagen de que los 'malos de la peli' son los objetores de conciencia insumisos frente a los 'buenos', que obedecen acatando la ley y la PSS".

Además, insisten en resaltar la actitud, a su juicio represiva, adoptada por el Ejecutivo para frenar el debate social que plantea la defensa del país.

Según los objetores, la sentencia emitida por el titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Madrid siginifica que "nos acercamos al principio del fin del militarsmo".