Según informó hoy la patronal, la nueva norma no tiene carácter reeducador, sino que incide en el carácter sancionador, ya que se recoge un catálogo de infracciones "excesivo" en las que no se justifica su incidencia directa con la seguridad vial, por lo que "debería haberse limitado a aquellas infracciones en que se ponga en peligro grave y directo" la seguridad de los viajeros.

Además, los transportistas afirmaron que la aplicación de la citada ley causa perjuicios de imposible reparación, porque la retirada definitiva del permiso de conducir priva a los conductores profesionales del "legítimo derecho al ejercicio de su profesión proclamado en la Constitución Española", sin poder afrontar los pagos los créditos concedidos para adquirir camiones autobuses.

A este respecto, señalaron qye el proyecto podría implicar conceder a la Administración un poder sancionador superior al otorgado a los jueces y magistrados en el Código Penal, ya queen el caso de retirada del permiso de conducir, la medida podría ser luego anulada por la jurisdicción contencioso- administrativa sin que fuera posible reparar el perjuicio ocasionado al conductor privado de su permiso de conducir.

Finalmente, Fenadismer indicó que, en la actualidad, se carece de un registro único en el que se reflejen todas las infracciones impuestas por los ayuntamientos, las comunidades autónomas con competencias en tráfico (País Vasco y Cataluña) y la propia Dirección General de Tráfico, "lo que podría suponer una discriminación para los conductores en función de su lugar de residencia".