Los transportistas critican que, después de ocho meses, todavía no hayan entrado en vigor las medidas económicas y fiscales acordadas, tales como deducciones por inversión en vehículos ecológicos, recorte del 75% del impuesto sobre las primas de seguros y la reducción de cotización a la Seguridad Social de los conductores por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Asimismo, reclaman el estudio de las medidas de reducción de edad para la jubilación de los conductores de transporte pesado, la modificación de las condiciones generales de contratación y la prohibición de intervenir a los conductores en las operaciones de carga y descarga, entre otras.