La polémica Directiva hace referencia a la ordenación del tiempo de trabajo de las personas que realizan trabajos móviles de transporte por carretera. Los transportistas consideran que la exclusión temporal de los conductores autónomos del ámbito de aplicación de la Directiva "vulnera los principios generales de Derecho Comunitario de igualdad de trato y no discriminación y el de proporcionalidad".

A su juicio, esta normativa "falsea de forma flagrante la competencia al permitirse la coexistencia de dos regímenes sociales diferentes entre operadores del transporte por carretera, según se trate de empresas con conductores asalariados o, de conducores autónomos".

En este sentido, el Gobierno de España ya ha presentado un recurso ante esta directiva ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, sin que hasta el momento se haya celebrado la vista pertinente.