Así lo manifestó Puente durante su comparecencia en la Comisión de Transportes del Senado a petición del PP, entre cuyos puntos del orden del día estaba la explicación de las claves de la auditoría que Puente encargó el pasado febrero ante el ‘caso Koldo’, en alusión a Koldo García, asesor de máxima confianza del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

La auditoría refleja que tras estallar la emergencia sanitaria y ante los problemas de compra de mascarillas, se inició la compra de ocho millones de mascarillas a 2,50 euros por unidad, por debajo de la media del precio medio pagado.

La auditoría, de la que el ministro leyó algunos párrafos, detecta algunas carencias, como la falta de actas de entrega de mascarillas en algunos casos o que en el segundo encargo, de cinco millones de mascarillas, no se justificó adecuadamente la necesidad de dicha acción. En esa remesa, tampoco se especificó quiénes serían los destinatarios de las mascarillas.

Además, concluye que “se considera no justificada” la adjudicataria escogida finalmente para la compra de mascarillas. “Parece evidente que los requisitos exigibles en este tipo de expedientes no se cumplieron en su integridad”, recoge el texto, aunque precisa que si se hubieran respetado no se hubieran podido evitar los “efectos ya conocidos”.

La auditoría plantea medidas de mejoras y, en este sentido, Puente planteó iniciativas que va a promover dentro del Ministerio para reforzar controles y prevenir posibles casos de fraude en el futuro.

Así, tras explicar que conoció el contenido de la auditoría el pasado martes, precisó que va a plantear que la entonces Subdirección General de Inspección de Servicios y Obras tenga que elaborar un informe preceptivo y previo en los expedientes de contratación de emergencia, tanto del Ministerio como de todas sus empresas.

“A dichos efectos, la citada Orden Ministerial establecerá la obligación de las unidades tramitadoras de hacer obrar en el expediente el oportuno documento descriptivo del proceso de toma de decisiones sobre el acto judicatario y de los intervinientes, sea cual sea el rol y su nivel de influencia en dicho proceso”, declaró Puente.

También quiere ampliar el ámbito objetivo y temporal al que resulta de aplicación el sistema antifraude actualmente aplicable a la gestión de los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia, que pasará a abarcar a todos los fondos públicos gestionados por el Ministerio y a tener vigencia indefinida.

Para ello se procederá a la modificación del Real Decreto de Estructura Orgánica Básica del Departamento en lo relativo a las funciones de la Unidad de Control Interno, así como a la de la orden ministerial que crea y regula el Comité Antifraude y a la del Plan de Medidas Antifraude y sus documentos de desarrollo.

Asimismo, se reforzará la lucha contra los conflictos de interés de los empleados y el control de la compra en situaciones de emergencia; y se incrementará el control de accesos de personas a las sedes del Ministerio y de entrada y salida de material en sus instalaciones.

En cuanto a la asunción de responsabilidades en relación con los hechos puestos de manifiesto en la Auditoría, Puente avanzó que ha trasladado al subsecretario del Ministerio la decisión de que no continúe en su puesto, así como ha trasladado al presidente de Adif que proceda también al cese del director general de Personal de esa unidad.

Finalmente, especificó que no hará “valoraciones respecto de esa decisión”, limitándose a señalar que debido a “los hechos y conclusiones que se extraen de la Auditoría realizada se produce una pérdida de confianza que desemboca en la decisión que les acabo de comunicar”.