La presidenta de CEAPA, Eulalia Vaquero, declaró a Servimedia que el texto recoge reivindicaciones planteadas desde hace mucho tiempo por su rganización, como la figura del acompañante y la eliminación por ley de la posibilidad de que tres niños viajen en dos asientos, así como la colocación de una señal luminosa en los vehículos.

A las asociaciones de padres les hubiera gustado que la antigüedad máxima permitida para la mayoría de los autocares fuera de 12 años, y no de 16, como finalmente ha quedado en el texto. "Aquí han entrado las presiones de los transportistas", dijo Vaquero.

La CEAPA confía en que el Gobierno cumpla su compromso y apruebe el decreto cuanto antes para que esté plenamente en vigor el curso escolar 2001-2002.

El decreto, que sustituye al vigente de 1983, incluye como principales novedades la rebaja de la antigüedad máxima permitida para los autobuses escolares y la obligatoriedad de la figura del acompañante en diversos supuestos, entre ellos cuando al menos la mitad de los ocupantes sean menores de 12 años.

La reforma también supondrá la prohibición por ley de lo que se conoce en el argot como "tres pordos", es decir, que tres niños puedan viajar en sólo dos asientos.

El decreto quedó ultimado a mediados de julio, días después del grave accidente de tráfico de Golmayo (Soria) que costó la vida a 28 personas, la mayoría de ellas escolares catalanes que viajaban en autocar hacia una residencia de verano.

La exposición de motivos del decreto señala que la reforma se justifica por la conveniencia de "adaptar las condiciones de seguridad exigidas en el transporte de menores a los cambios que ha expeimentado la situación económica y social desde 1983, introduciendo una puesta al día de los elementos de seguridad que deben reunir los vehículos en que aquél se realice".

16 AÑOS

Como regla general, los autobuses para alumnos no deberán superar al inicio del curso escolar la antigüedad de diez años. No obstante, estarán autorizados los vehículos que no rebasen los 16 años, que hayan pasado la inspección técnica y que sus propietarios acrediten que anteriormente los han utilizado para transporte de iños.

Por lo que se refiere a las características técnicas de los vehículos, tendrán que estar dotados de dispositivo luminoso con señal de emergencia y estar homologados en la resistencia de su superestructura. También tendrán que estar provistos de tacógrafo y limitador de velocidad en los supuestos de desplazamientos en los que lo exige la normativa de tráfico.

El decreto establece que el transporte escolar sólo lo podrán realizar las empresas que cuenten con la correspondiente concesión o autrización administrativa.

En todos los casos, las entidades que contraten un transportista deberán exigir a éste que acredite ser titular de la autorización debida y que dispone de la tarjeta ITV en vigor y de seguro.

En cuanto a la duración de los desplazamientos, los escolares no podrán permenecer en el vehículo más de una hora por cada sentido del viaje.

El decreto incluye una disposición adicional que prevé que el Ministerio del Interior, en coordinación con las autoridades educativas, adptará las medidas necesarias para que se impartan cursos sobre seguridad vial en los centros escolares.

Esta reforma del transporte escolar ha sido reclamada desde hace tiempo por las organizaciones de padres de alumnos. Ya en el curso 97-98, el Consejo Escolar del Estado instó al Gobierno a que aprobara una nueva legislación que, sobre todo, recogiera la figura del acompañante. Ese mismo año, el Defensor del Pueblo se quejó en su informe anual que "se están prolongando los tiempos de espera en la elaoración de un texto reglamentario".

La Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA) amenazó en marzo con convocar movilizaciones en todo el Estado si no se endurecían las medidas de seguridad.

Fomento se comprometió a tener listo un texto en tres meses, pero no lo terminó hasta julio. A la presidenta de la CEAPA, Eulalia Vaquero, le aseguraron ese mes que los cambios ministeriales provocados por las elecciones y la necesidad de poner de acuerdo a los departamentos de Interir, Educación, Ciencia y Tecnología y Fomento habían retrasado su redacción.

Ahora, el Gobierno escuchará a las organizaciones de padres, la patronal del sector y el Consejo de Estado antes de que el Consejo de Ministros apruebe definitivamente el texto. Los cálculos oficiales es que la norma esté aprobada en diciembre.