Esta normativa de ámbito nacional establece que todo transporte público deberá estar dotado de sillas de uso preferencial, espacio para discapacitados en silla de ruedas, plataformas elevadoras, rampas de acceso, sistema de aviso al conductor y al pasajero y anulación del proceso de cierre automático en las puertas.

Los fabricantes, por su parte, deberán tener en cuenta especialmente el acceso de las personas con problemas demovilidad, reduciendo al mínimo la altura de los peldaños, reservar y marcar al menos dos sillas para los pasajeros de movilidad reducida y dotar a los vehículos con barras y asideros de sujeción para este colectivo.

Además, los autobuses deberán contar con indicadores o señales visuales y acústicas instalados en lugares destacados para avisar adecuadamente a estos usuarios del arranque y de las próximas paradas.

Para el caso de las personas que utilicen perros de asistencia tendrá que habilitarse un espacio para su acompañante. Asimismo, se instalará un sistema de comunicación bidireccional, que permita al conductor estar en permanente contacto con la empresa y demás vehículos.