Bonis explicó que una de las principales dificultades en la negociación con la Administración central era la baja dotación económica que se quería transferir debido a que la sanidad canaria "está en tierra de nadie".

A juicio del consejero, la polémica entre ambas Administraciones reside en que "el Ministerio de Sanidad lo contempla como algo que tiene que transferir y la Counidad Autónoma como algo que es responsabilidad del Ministerio de Sanidad".

El Gobierno canario cifra en algo más de cien mil milones el coste de la transferencia de las que 31.000 millones irían dedicadas a la asistencia especializada y 10.000 millones a la asistencia primaria.