El más claro ejemplo es el de EEUU y la UE.A pesar de los intentos realizados últimamente para aunar posiciones entre ambas partes con respecto a la transferencia de datos personales, no hay acuerdo. La situación actual aglutina diferentes niveles de protección obligatoria de estos datos que incapacita la libre fluidez de transacciones.

Tradicionalmente, la posición europea ha sido potenciar una mayor protección y confidencialidad de los datos de los usuarios. Mientras tanto, los EEUU han tendido hacia una transparencia frente al blindaje de etas reseñas personales.

La nueva directiva comunitaria prohibe a Grecia, Portugal, Suecia, Reino Unido e Italia las transferencias de datos a un tercer país "cuando éste no garantice un nivel de protección adecuado". En España todavía no ha entrado en vigor esta norma y por eso es posible aún recurrir dicha ley ante los tribunales nacionales o, en su caso, exigir la reparación por daños producidos mediante el uso fraudulento de sus datos.

Las condiciones mínimas de protección recogidas por esta drectiva van desde la necesidad de que el ciudadano sepa dónde está almacenada su información personal, hasta su accesibilidad a ésta para modificar datos incorrectos. De igual manera, el usuario puede evitar su utilización ilegal para procedimientos de marketing o publicidad.

Uno de los apartados destaca la máxima protección en temas relativos al origen racial y a las creencias religiosas o políticas, que sólo podrán archivarse si la persona da de forma explícita su consentimiento.