La declaración de los testigos en la segunda jornada de la vista oral que se sigue hoy contra Juan Guerra y sus dos socios y amigos, Francisco Javier López y José Garrido, por la "trama Comasa", ha puesto de relive la utilización del despacho oficial de la Delegación del Gobierno para fines particulares.

Garrote, responsable del estudio de viabilidad de la construccion de un hotel en los terrenos de Mercasevilla, dijo que Comasa mantiene aún con él una deuda pendiente de un millón de pesetas por el cobro del estudio, el pago de un viaje a París que él abonó a Garrido y el pago de la memoria correspondiente.

El testigo aseguró que fue al despacho de Guerra en la Delegación del Gobierno para reclamarle el ago de su deuda por considerar que era la persona más influyente de Comasa y, por tanto, quien podía saldar los pagos pendientes.

"Juan Guerra estaba por encima de Francisco López y José Garrido. Tomaba las decisiones importantes de la empresa y era el que me podía pagar", explicó Garrote. Sin embargo no pudo aportar pruebas documentales y reconoció que no estuvo presente en las conversaciones mantenidas entre Garrido y López con Guerra.

Ante el impago de la deuda, el amigo personal de Juan Guerr, José María Ramos Reina, imputado también por la "trama Fracosur" propuso a Garrote entrar en el accionariado de la sociedad Grupo Sur, constituída por Guerra y Ramos Reina.

Otro de los testigos subrayó el cumplimiento de los requisitos legales necesarios por parte de Comasa para la obtención de la subvención oficial de 145 millones de pesetas aprobada por el Consejo de Ministros en 1986.