En un comunicado, UGT subraya que esta decisión del Gobierno "deja al criterio subjetivo de un agente de la autoridad valorar el carácter delictivo de la actuación de un conductor, estableciendo en contra de la misma una medida punitiva importante que a nuestro juicio slo corresponde determinar a los jueces, por lo que dudamos de su legalidad, y en cualquier caso deja en la indefensión al ciudadano, situándolo en la posición de tener que demostrar su inocencia".

En segundo lugar, añade UGT, esta medida es "especialmente grave para los conductores profesionales, que dependen del carné de conducir para realizar su trabajo". "Finalmente", concluye la nota, "hay que destacar el escaso espíritu democrático demostrado por el Gobierno, capaz de buscar los subterfugios de l mecánica parlamentaria para adoptar una medida de esta trascendencia".